Desde esta trinchera de lucha hemos venido haciendo un seguimiento a las visitas que realiza la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, y como siempre haciendo una serie de promesas, tales como: «Tengan la plena seguridad que bajo esta administración no va a haber ingreso de armas a las cárceles».
«Es nuestro deber y estamos trabajando para garantizar lugar de empleo y atención adecuada tanto a los internos como a quienes salen de los recintos penitenciarios»; «Vamos a iniciar una asamblea informativa donde se les indicarán todas las políticas del Ministerio para combatir el retardo procesal»; «Hay tranquilidad»; «Estamos aquí por instrucciones del presidente Hugo Chávez, para levantar un estudio real de todos los internos e internas, en aras de sincerar la situación jurídica, y dar plena libertad a los que tengan derecho de estar afuera»; «Yo no voy a aceptar que ninguna persona esté privada de libertad si ya cumplió la condena»; «Vamos atacar el retardo procesal y conseguir las medidas de libertad para las personas que lo ameriten».
Como podrán leer estimados lectores, una serie de promesas, que a 13 años de gobierno de Hugo Chávez, no han podido cumplir. Desde esta columna nosotros deseamos el éxito a cualquier gestión pública, porque el éxito traerá por fin un respeto a la persona privada de libertad, que lo está esperando, desde hace más de 50 años de sistema penitenciario.
Pero debemos ser reales, ante la presente situación, nuestra flamante ministra sabrá que todos los privados de libertad, procesados y condenados, tienen derechos reconocidos en Convenios y Pactos internacionales, consagrados en las Constituciones y desarrollados en las legislaciones internas de los países. En Venezuela el reconocimiento de los derechos de la población reclusa tiene base constitucional (principalmente en los artículos 49 y 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y legal (artículos 125, 143, 478 y 531 del Código Orgánico Procesal Penal; artículo 2º de la Ley de Régimen Penitenciario) siendo el Estado, a través de sus tres Poderes y diversas manifestaciones funcionales, el garante de dichos derechos.
No obstante, la propia situación carcelaria del país e investigaciones académicas ponen de manifiesto que el Estado venezolano no ha sido capaz de gerenciar el sistema penitenciario de modo de cumplir la Constitución y las leyes y de proporcionar a los reclusos una vida digna y respetuosa de sus derechos humanos. Durante los últimos 50 años sobraron diagnósticos, se ensayaron múltiples políticas, abundaron planes, proyectos y programas, casi todos fallidos pues carecieron de visión sistémica y se caracterizaron por la inconsistencia, insostenibilidad, falta de monitoreo y evaluación. (Humberto Prado, Tal Cual, 22.11.11)
