“Generalmente la violencia casi se reduce en los registros cotidianos a los episodios sangrientos, explosivos, letales. Como si la vida sólo se alterara con su liquidación y no con la inmensa variedad de formas para entorpecerla, entristecerla, hacerla menos feliz, placentera y productiva… Cada vez que se viola nuestro derecho a vivir con bienestar… a vivir con salud, esa violación se transforma en una forma de violencia.”
Saúl Franco Agudelo, médico colombiano, luchador por la vida.
Pacientes en deplorable estado de salud y que además hacen huelga de hambre en hospitales y toman las calles desde sus sillas de ruedas y camas, para exigir la atención del Estado. Pacientes que hacen días de colas para obtener citas por consulta médica, que se verifican 4, 5 y hasta 6 meses después. Familiares que permanecen de pie o en muebles destartalados, sin acceso a baños y al suministro gratuito de agua, durante horas, días y –en algunos casos- hasta meses, a la espera de noticias sobre la vida o la salud de la persona que tienen internada en terapia intensiva o en algún servicio de cirugía, de un recinto hospitalario. Personal médico, de enfermería, laboratorio, radiología, vigilantes, personal de limpieza y mantenimiento, personal técnico y administrativo, que luchan desde hace décadas mediante movilizaciones, paralización de actividades y huelgas hasta de sangre, por falta de equipos, medicamentos e insumos, porque no hay seguridad, ni salarios dignos. Esas son algunas de las calamidades que reportan las noticias sobre la situación del servicio de salud pública en el país.
Quien sufre un accidente o padece una enfermedad, amerite o no cirugía, soporta una enorme desgracia que bordea los límites de la tragedia. Pero no sólo por el dolor físico que representa su afección particular, sino por el maltrato como ser humano del que puede llegar a ser víctima, producto de las precarias condiciones del servicio de salud en Venezuela. Hasta la delincuencia ingresa a los centros de salud “pistola en mano” y atenta contra la vida de pacientes, familiares y personal hospitalario, bien sea para acceder a la atención médica o para saldar cuentas pendientes con alguna persona hospitalizada. Como sucede en las cárceles, la proliferación de hurtos, robos, violaciones, asesinatos, desaparición de personas, basura, moscas, desidia y miseria, caracterizan a muchos centros hospitalarios como sitios donde campea el horror.
Se ha deteriorado tanto el servicio de salud pública venezolano, que olvidamos su valor como derecho social y como derecho humano fundamental. En 1946, al terminar la segunda guerra mundial, en el preámbulo de su carta de Constitución, la Organización Mundial de la Salud definió: “El goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”. Dos décadas después, en 1966, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) se estableció: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. Venezuela estableció en el artículo 83 de su Constitución de 1999, que la salud es un derecho humano… Por ello, reflexionar sobre la forma de violencia que significa el deterioro del servicio de salud en el país, indiscutiblemente significa observar otros aspectos involucrados: la economía, la ética y la política.
Hablar de salud significa la forma de entender y atender a la idea del bienestar de las personas y de la sociedad en su conjunto. Ello implica la eventualidad y la realidad de enfermarse y de morir. Pero también los escenarios que posibilitan y circunstancias que impiden o entorpecen la vida digna, y los distintos mecanismos y procedimientos mediante los cuales, las instancias del Estado y las instituciones de la sociedad, se articulan en la generación del bienestar social o colectivo, la prevención y atención de las enfermedades y el enfrentamiento de la muerte.
Por su lado, la economía versa sobre la producción, la distribución y la apropiación de la riqueza, del proceso que termina asignando un valor monetario a los bienes y servicios relacionados con la salud, a la propiedad y compra-venta de estos bienes y servicios.
Ahora bien, cuando se trata de establecer los parámetros para decidir inclusiones y exclusiones, derechos y deberes, responsabilidades, prioridades, justicia social y equidad, se entra de lleno en el terreno de la ética.
Por estar todo ello mediado por el Estado, con participación de diversos sujetos sociales, dentro de una intrincada red de intereses y lucha de poderes, la salud acontece inevitablemente en el escenario político.
Buena parte de las tensiones que viven y los problemas que enfrentan los diferentes modelos de salud y seguridad social en el mundo, tienen sus raíces en el desconocimiento de una de estas dimensiones o en la sobrevaloración, en ocasiones excesiva, de una cualquiera de ellas. Es posible que en el caso venezolano la reducción de la salud a políticas espasmódicas y desarticuladas, carentes de una ley como eje y con la proliferación de negocios como el de las aseguradoras privadas, cuyo asiento es la enfermedad, estén en la base del colapso que vive la estructura hospitalaria venezolana.
La cuestión de fondo no es de cifras de población atendida en las consultas de Barrio Adentro. Es evitar la violencia que significa privar de salud a un grueso sector de la población del país, que acude a la red hospitalaria pública. La equidad y la inclusión son valores relacionados con la justicia, con la capacidad de responder a las necesidades sociales por el hecho de que las padecen seres humanos. En ello, la deuda del Estado venezolano es moralmente alta.
