rafael uzcateguiCuando usted lea este artículo faltarán tres días para que culmine el plazo en que los ministerios deban rendir cuentas de su gestión en el año 2012. Con meridiana claridad, el artículo 244 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece “Los Ministros y Ministras son responsables de sus actos de conformidad con esta Constitución y con la ley, y presentarán ante la Asamblea Nacional, dentro de los primeros sesenta días de cada año, una memoria razonada y suficiente sobre la gestión del despacho en el año inmediatamente anterior, de conformidad con la ley”.

No existe ninguna razón, ni técnica ni humana, que justifique que el ministerio no difunda la lista de las familias beneficiarias de las viviendas de la GMVV

La falta de información gubernamental oportuna, rigurosa, transparente y confiable afecta el disfrute de nuestros derechos humanos. La ausencia de esta obstaculiza el ejercicio del derecho constitucional a la contraloría social y la participación ciudadana en los asuntos públicos. La opacidad de la gestión pública, en cambio, es un caldo de cultivo para irregularidades de toda índole y favorece hechos de corrupción administrativa. Quienes se enriquecen súbitamente en el ejercicio de funciones de gobierno les interesa que sus actos sean amparados por el velo de la ignorancia. Es una paradoja que un tren ejecutivo que ha hecho de la democracia participativa y protagónica una de sus banderas, promueva el secretismo como política de Estado.

Para describir en todo su dramatismo las consecuencias de la ausencia de información pública pondremos el ejemplo de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), asumida como una “política de Estado” y jerarquizada desde el 2012 como la principal política pública del país.

Recientemente el Ministerio de Vivienda ha declarado que la cantidad de viviendas entregadas, desde el inicio de la GMVV, órbita alrededor de las 350 mil casas. Según declaraciones del propio presidente Chávez al comienzo de la misión, el método de otorgamiento de las viviendas aplicaría el principio de la llamada “discriminación positiva”, jerarquizando a las familias en situación de mayor vulnerabilidad, especialmente los hogares damnificados como consecuencia de las lluvias. Según declaraciones oficiales, en el momento cumbre de las precipitaciones la cifra cénit de damnificados remontaba las 110.000 familias.

Una resta escolar revela que si la política presidencial se hubiera aplicado como se postuló, al día de hoy tendríamos una mínima cantidad de familias damnificadas habitando en los refugios, quizás solamente las de lluvias más recientes. Sin embargo esto no es así. Decenas de familias continúan viviendo precariamente en refugios en la región capital, así como en algunas otras regiones del país.

Ante la ausencia de la publicación de la lista de familias beneficiarias de las viviendas no se puede justificar, en ningún sentido, la permanencia en el tiempo de familias en situación de refugio. Como esta información no es de acceso público, las propias organizaciones comunitarias y populares de vivienda o de familias sin techo, no pueden hacer una auditoria del proceso de adjudicación de las viviendas, para determinar si se ha realizado con sentido de equidad y justicia. La imposibilidad de implementar mecanismos de contraloría social no permite corroborar o desestimar las denuncias que aseguran que una parte importante de las viviendas han sido entregadas a familiares de altos funcionarios y a miembros del partido de gobierno como pago por favores electorales recibidos. La ausencia total de información fomenta la reincidencia de situaciones bochornosas, como la adjudicación a dos y tres familias de la misma casa, o los cobros, por parte de gestores fantasmas, a familias para “entrar en la lista de espera” de las viviendas.

No existe ninguna razón, ni técnica ni humana, que justifique que el ministerio no difunda la lista de las familias beneficiarias de las viviendas de la GMVV. La tecnología de información disponible posibilita que los datos estén al alcance de un “click”, y que para ello sólo haga falta la voluntad política necesaria. Esto no sólo sumaría confianza a la ejecución de las políticas oficiales habitacionales, sino que principalmente beneficiaría a las decenas de familias venezolanas que esperan satisfacer su derecho a la vivienda digna. No solamente es necesario hacer pública la lista de beneficiarios, sino los complejos habitaciones en proceso de edificación, los tiempos y plazos de construcción, así como la lista de los contratistas del sector público responsables de las obras. Esta información sería de mucha utilidad para establecer responsabilidades en las denuncias que comienzan a aparecer, acerca de edificios construidos con materiales de mala calidad, mayores de 10 pisos sin ascensores, áreas comunes o servicios básicos. Recientemente voceros oficialistas solicitaban la difusión de los beneficiarios del SITME para utilizar esta data con fines de retaliación política. ¿Es muy difícil que esos mismos funcionarios se pongan de lado de las aspiraciones de las familias humildes del país y pidan mayor transparencia en las políticas que directamente los benefician?

Si usted lee esto y está esperando una casa sépalo: Tiene derecho a saber el porqué aun no disfruta de su derecho a la vivienda digna.

(*) Coordinador del Programa de Investigación de Provea
www.derechos.org.ve
investigacion@derechos.org.ve
@fanzinero

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *