La AN como poder público está llamada a restituir y garantizar el acceso a los derechos humanos. Ello supone, de entrada, transformar en un clima de diálogo el ambiente de tensiones que rodeó su reciente instalación y sus primeras actuaciones. Los diputados y diputadas de todos los partidos políticos son representantes del pueblo y deben evitar choques entre los poderes públicos. Además, avanzar en la solución de los problemas de la gente, debería ser el signo de su acción.
Por ejemplo, la inseguridad personal, la escasez de alimentos y la falta de agua, son asuntos con una jerarquía indudable en la lista de prioridades a atender. Sin embargo, se ha hecho evidente desde el 5-E, que son otros los temas importantes para los sectores que juegan al extremismo y poseen la vocería de los bandos hegemónicos en el poder público del país.
Dicen -quienes toman el micrófono con su discurso radical- que lo político es lo principal, dejando de lado su responsabilidad en la coyuntura socioeconómica que vive Venezuela. Olvidan los indicadores extra oficiales y la realidad incontrastable de precios de todo tipo de productos, que demuestra el padecimiento de la inflación más alta registrada en la historia reciente. Dan la espalda al cuadro de deterioro general de las condiciones de vida, donde se aprecia el retroceso en salud, educación, trabajo, vivienda y seguridad social.
Con la lógica preocupación que deriva de nuestro mandato como organización de promoción y defensa de derechos humanos, especialmente en derechos económicos, sociales y culturales, desde Provea formulamos un llamado a la sensatez para recordar a todas las autoridades públicas de todos los poderes del Estado, su deber de diseñar políticas y materializar acciones concretas orientadas a cumplir una agenda centrada en la gente y la satisfacción de sus necesidades.
El peligroso camino de atizar la confrontación no conducirá a la solución de los problemas. Por el contrario, un clima de crispación política cada vez más escalado, contribuye a la violencia e impide la acción eficaz de las autoridades públicas –indistintamente del partido político donde militen-. La exacerbación de un discurso cargado de simbolismo bélico puede terminar obstruyendo el funcionamiento de la institucionalidad, con sus graves secuelas.
Abordar la hegemonía política en cualquiera de los poderes públicos con revanchismo, no expresa una lectura cónsona al mensaje electoral enviado el 6-D. Al contrario, entraba la posibilidad de realizar inversiones provenientes de fondos públicos o de manos privadas para fortalecer el aparato productivo e impide legislar y gobernar con enfoque de derechos humanos.
Una diatriba política cada vez más caldeada, una espiral de gestos y palabras de desconocimiento mutuo puede conducir a un indeseable caos. En medio de este juego, en medio de la controversia entre los partidos políticos, si no se resuelven los problemas de la salud o las pensiones, la delincuencia, el salario o la vivienda, la gente será nuevamente la más afectada.
