logo_espaciopublicoInternet es un nuevo territorio para el debate, la deliberación, el ejercicio de las subjetividades y por tanto tiene una estrecha relación con el conjunto de los desarrollos acumulado en el ámbito de los derechos humanos. La esfera digital es también un lugar privilegiado para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y por tanto deriva en un conjunto de obligaciones de los Estados para promover su uso, garantizar la protección y evitar la intromisión que obstaculice el libre flujo de las ideas e informaciones.

Este plan puede demandar medidas de exoneración impositiva, acuerdos de responsabilidad y otros tipos de iniciativas que posibiliten la mejora, la oferta de conexiones wi-fi en lugares públicos, planes de inversión para sectores educativos, científicos y comunitarios

En junio del año 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) aprobó el informe preparado por el Relator Especial para la Libertad de Expresión, el guatemalteco Frank La Rue. En este informe se declara que el acceso a Internet es un derecho humano, de ello deriva la obligación de los Estados de garantizar el acceso universal, mediante políticas que permitan que las personas puedan tener conectividad y alta calidad en las mismas.

Junto esta obligación progresiva del acceso universal a Internet, que incluye la conectividad y la alfabetización digital para todas las personas, la propuesta aprobada por la ONU desarrolla las obligaciones asociadas a los casos relativos al filtrado de páginas o sitios web, la usurpación de identidades, el derecho a la privacidad, la criminalización de las opiniones legítimas, el derecho a la propiedad intelectual y los ciberataques.

Venezuela está urgida de una política coherente e integral que permita en un lapso breve alcanzar mayores cuotas que nos aproximen al acceso universal y conjuntamente abaraten los costos de la conectividad. Las velocidades de conexión son bajas y además costosas, en un escenario en el que el Estado controla el operador con mayor cuota de mercado. Por otra parte son reiteradas las denuncias de usurpación de cuentas en redes sociales, vulneración de la privacidad y las respuestas, en líneas generales, son insuficientes y se suman a la impunidad.

Entre las “10 iniciativas para Venezuela”, que impulsamos en conjunto con las organizaciones de Monitor Legislativo, proponemos que la Asamblea Nacional asuma el liderazgo para impulsar un debate sobre Internet en Venezuela que debe incluir al menos los siguientes aspectos:

Desarrollar y fortalecer una política pública que posibilite la universalidad del acceso y conectividad a Internet. Acceso universal con la mayor velocidad de la región y al menor precio.

Establecer un plan concertado con los diversos sectores de la sociedad, incluyendo a las universidades nacionales, organizaciones no gubernamentales, empresas públicas y privadas, para que de modo concreto y mensurable se impulsen medidas para mejorar la calidad y velocidad de la conexión a Internet en el país.

Este plan puede demandar medidas de exoneración impositiva, acuerdos de responsabilidad y otros tipos de iniciativas que posibiliten la mejora, la oferta de conexiones wi-fi en lugares públicos, planes de inversión para sectores educativos, científicos y comunitarios.

Impulsar una investigación parlamentaria sobre los recurrentes craqueos a cuentas de correo, redes sociales y otros medios digitales.

4 Investigar y establecer responsabilidades en los casos de filtrados arbitrarios de sitios web que constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión al no permitirse un mecanismo público judicial sobre su aplicación.

Desarrollar una propuesta legislativa que ofrezca garantías a la privacidad frente a las empresas públicas y privadas. (Conflictove, 08.04.13)

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