El gobierno del presidente Chávez sancionó, en noviembre pasado, la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998, iniciativa jurídica que constituye un paso importante en la lucha contra la impunidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha definido la impunidad como «la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos» y ha señalado que «…el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares».

Si el gobierno fuera coherente en sus políticas, debería allanar la inmunidad parlamentaria de Cordero Lara para darle paso a las averiguaciones

Desapariciones forzadas, masacres, torturas, son algunas de las graves violaciones que se produjeron de 1958 a 1998 que no se investigaron. Algunos de los casos que se llevaron a juicio, por la presión pública, fueron encausados por el fuero militar, lo cual garantizó la impunidad.

Precisamente octubre es un mes luctuoso para la historia de los derechos humanos en el país. El 4 se conmemorará el décimo tercer aniversario de la Masacre de Cantaura, mientras que el 28 de octubre la Masacre de El Amparo cumplirá 24 años de impunidad.

Ambos casos, sin embargo, necesitan de la coherencia. Mientras el Ejecutivo Nacional ha hecho esfuerzos para promocionar la ley, contradictoriamente ampara altos funcionarios señalados por su participación intelectual y material en estos dos casos.

En primer lugar está el caso del diputado por el estado Guárico por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Roger Cordero Lara, autor material de la Masacre de Cantaura al ser uno de los pilotos que el 4 de octubre de 1982 comandó uno de los aviones que en la madrugada del 4 de octubre de 1982 bombardearon el campamento del Frente Guerrillero Américo Silva, en la población de Cantaura, estado Anzoátegui.

Esta operación combinada de militares y policías arrojó el saldo de 24 personas asesinadas. La actuación de Cordero está debidamente documentada en el expediente del caso. Lo increíble del caso es que altos voceros del Ejecutivo Nacional han intentado minimizar su participación, como el caso del actual Vicepresidente y ministro de Tierras, Elías Jaua, quien en entrevista concedida a Quinto Día, el 1/10/2010, afirmó: «No conozco exactamente el caso de la actuación del general Cordero Lara en Cantaura. Ahora un piloto de aviación no necesariamente conoce el objetivo que tiene que bombardear», intentando justificar a Cordero con el argumento de la «obediencia debida», prohibido expresamente en nuestra Constitución y argumento con que los diferentes torturadores de las dictaduras del Cono Sur intentaron amparar la impunidad.

Si el gobierno fuera coherente en sus políticas, debería allanar la inmunidad parlamentaria de Cordero Lara para darle paso a las averiguaciones.

Un caso igual de grave pero más escandaloso lo constituye el del antiguo capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, dos veces Ministro de Interior y Justicia y actual vicepresidente del PSUV región los Llanos, autor intelectual de la Masacre de El Amparo.

Como se recordará Chacín, junto con el comisario Henry López Sisco, entre otros, formaba parte en el año 1988 del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), responsable del asesinato de 14 personas el 29/10/1988 en hechos que fueron conocidos como «La masacre de El Amparo», y de por lo menos el asesinato de 42 personas en operaciones previas, conocidas como «Los amparitos».

El 20/06/1994 una sentencia de la Corte Marcial que investigaba las actuaciones del CEJAP, presidida por el general Ubaldo López Barrios, dictó un auto de detención contra 11 funcionarios por su participación material en Los Amparitos, entre ellos el futuro ministro de «justicia».

A pesar de todas las denuncias, y de la actuación de este funcionario documentada en el expediente del caso, nunca se ha abierto ningún tipo de averiguación. Al contrario, los altos cargos desempeñados por Chacín constituyen un aval de la impunidad. (Provea, Tal Cual, 17.09.12)

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