La unidad cívico-militar ha sido reiterada en la última década y media, y en el mundo del trabajo ha tenido obviamente su eco. Por ello hemos abordado en previas contribuciones el tema de la militarización en la Administración del Trabajo y en las Relaciones Laborales.
http://hectorlucena.blogspot.com/2011/04/administracion-del-trabajo-de-la.html y http://hectorlucena.blogspot.com/2012/01/las-relaciones-de-trabajo-hacia-donde.html
Se observa que el fenómeno se acentúa. Incluso en el breve periodo que lleva en ejercicio el actual gobernante, la militarización excede sus manifestaciones a un ritmo más acelerado que en los años previos de revolución bolivariana.
Las consecuencias de este proceso ameritan una reflexión y análisis, ya que indicadores productivos, de eficiencia y de conflictividad en las instituciones no muestran un impacto favorable.
Por el otro lado, lo tradicional militar evidencia deterioro como es la situación de las cárceles; el devenir en las zonas fronterizas así como en las de escaso desarrollo puestas bajo la responsabilidad militar.
Véase el caso de la depredación humana y ambiental que se observa en la explotación de minerales preciosos en Guayana y Amazonas.
Hasta denuncias de sometimiento de nuestros indígenas a trabajo esclavo, en donde se involucran a mineros extranjeros y locales ante la inercia de la vigilancia y el control militar.
Veamos diversas manifestaciones de la militarización que va más allá de las relaciones laborales, y que por tanto cubre este campo de la vida nacional.
1. En primer lugar es importante el contexto nacional en donde desde el poder se caracterizan las dificultades de funcionamiento del aparato productivo, tanto en la elaboración de bienes y servicios, como su distribución y comercialización como evidencia la insistencia de una llamada “guerra económica”.
2. Identificar como respuesta organizacional en el nivel superior a lo señalado en el punto 1, y en general a los diversos problemas de la responsabilidad estatal, la constitución de los llamados “estados mayores”, al más puro estilo militar.
3. Reivindicar teorías de seguridad nacional, muy cuestionadas por el conocimiento que se tiene de ellas por haber sido la expresión de regímenes militares caracterizados por su represión extrema, como las conocidas en países del Cono Sur en los años setenta y ochenta.
4. Continuar la producción de leyes que militarizan las actividades civiles, dificultando el desenvolvimiento de las organizaciones sociales de naturaleza no militar. En buena medida los más de tres mil procesados por protestar son expresión de la militarización. En este colectivo se encuentran dirigentes sindicales, campesinos, estudiantes, indígenas. Entre estas leyes se destacan Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, Ley Antiterrorismo.
5. En 2009 se aprobó la Reforma a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y se creó en su artículo 50 la figura de los llamados “cuerpos de combatientes”, unidades militarizadas en las empresas públicas y privadas cuyo objetivo podría ser impedir la paralización de la producción -lo que atentaría contra el derecho constitucional a la huelga-, empleando a estos cuerpos como esquiroles o grupos de choque.
6. A esto se suma la prohibición de realizar manifestaciones en diferentes empresas bajo administración del Estado, tras ser calificadas como “zonas de seguridad”.
Según la ONG Control Ciudadano el 30% del territorio nacional posee ahora esa tipificación, lo cual impide el derecho a la manifestación pacífica como se encuentra contemplado en la Carta Magna.
7. Colocar en funciones gerenciales de alto nivel a militares; especialmente ejerciendo su influencia en el funcionamiento del área de relaciones de trabajo, traduciéndose en una ruptura en el funcionamiento dialógico y negocial propio y natural de las relaciones laborales.
8. Conducción por parte de militares de áreas de naturaleza civil, como salud, infraestructura, puertos, comunicaciones, producción de diversos bienes y servicios, finanzas, gestión judicial.
Se destaca que desde hace décadas ha existido un sector de empresas militares (Cavim por ejemplo), que si era propio de la gestión por parte militares, sin dejar de recordar la existencia de ciertas tensiones, ya que el personal civil resentía el tratamiento del estilo militar para sus asuntos de administración y relación laboral.
9. Fortalecimiento de las milicias, lo que se traduce en su alta visibilidad en centros productivos estatales. Han asumido inicialmente actividades de vigilancia y seguridad; pero están prestos a ocupar otros puestos desempeñados por trabajadores, tal es el caso de cajeros en supermercados.
10. Creación de organizaciones militares en el seno de los trabajadores. Batallones, unidades, patrullas; incluso con demostración de equipamiento militar en desfiles públicos.
11. Intervenir en asuntos propios de la Administración del Trabajo (especialmente en conflictos laborales). Por ejemplo, casos recientes: junio 2013, doscientos efectivos de la GNB ingresaron en Ferrominera con la orden de desactivar huelga. Otro caso, el de CVG Minerven, cuando 45 efectivos militares ingresaron el 27-07-13 a la empresa, luego que los trabajadores realizaran una huelga que se prolongó por más de 45 días, en demanda de reivindicaciones salariales y en reclamo por el deterioro de la industria.
12. Citaciones de trabajadores participantes de actividades propias de las relaciones de trabajo a unidades militares con el objeto de intimidarlos y someterlos a interrogatorios. Un caso patético fue el de un grupo de trabajadores de la construcción que reclamaban deudas laborales a contratista privado.
Demandaban el bono de alimentación, el registro en el Seguro Social, el Fondo de Ahorro Obligatorio de la Vivienda, el bono de transporte y los sueldos caídos a la empresa privada Xocobeo, C.A., fueron “invitados” a una sede militar para tratar el asunto, y ahí mismo fueron apresados. Liberados al cabo de quince días, continúan sometidos a procesos judiciales. Se conoce de otros casos similares.
Indudablemente que la llamada unión cívico-militar se ha traducido más bien en la militarización de lo civil. La civilidad acusa pérdida de espacios y garantías para su funcionamiento.
Reflexionar y analizar las consecuencias que todo esto tiene para el funcionamiento en general del país y muy particularmente del mundo del trabajo es una necesidad para todos.
@hl_lucena
