Que lo sucedido en los primeros 5 meses de gestión de Iris Varela es grave por los 223 internos que murieron, que las cárceles de Mérida, La Pica, Barinas, y los coliseos de Uribana han registrado los motines de este año es grave, los enfrentamientos del Retén de La Planta son graves. Claro que sí, pero con todo lo que han tratado de vender las autoridades el Plan Cayapa, Cambote, Llegó la Chamba y Maita, además del rollito de la humanización, lo sucedido la semana pasada en la Cárcel de Carúpano pasó de violencia a barbarie.
Es el caso del interno Luis Antonio Cortesía, quien llegó a su fin la noche del pasado jueves cuando en el interior del Internado Judicial de Carúpano, fue masacrado por los reclusos del centro penal que tomaron «justicia» por sus manos.
El violador y asesino de una menor de 12 años, hecho que causó profunda consternación en el colectivo sucrense, en especial carupanero, fue finalmente trasladado pasadas las 4:30 de la tarde hasta el Circuito Judicial de Carúpano, donde se le privó de libertad y luego se trasladó hasta el Internado Judicial de Carúpano.
Pasadas las 5:30 de la tarde, bajo extremas medidas de seguridad, fue ingresado y al mismo tiempo, comenzaron a aglomerarse las personas a las afueras de la cárcel, dejándose escuchar consignas donde pedían la «cabeza» del interno.
Aproximadamente a las 8:00 de la noche, comenzaron a escucharse detonaciones dentro del penal, en medio de aplausos y gritos de la comunidad de la zona. Posteriormente y de forma impresionante, desde el interior de la cancha del penal, comenzaron a ser lanzadas partes del cuerpo de Luis Cortesía, cayendo a la calle su cabeza, brazos, piernas, pies y hasta en una bolsa de plástico fueron tirados los genitales del preso, en medio del resguardo de todos los órganos de seguridad, su cuerpo fue localizado totalmente calcinado.
Los que trabajamos este tema sabemos que este delito en nuestros centros de reclusión se paga con la vida, y las autoridades lo saben, y aquí debo señalar que nuestra carta magna en su artículo 43, establece: «El derecho a la vida es inviolable.
Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma».
Ahora bien, que la comunidad se haya aglomerado en las afueras del penal, gritando «queremos la cabeza», y aplaudieran cuando lanzaban las partes del cuerpo del interno, nos lleva a decir: si el Estado que administra justicia sabe que la población reclusa no perdona este tipo de delito, y que su sanción es la muerte, por qué el juez ordenó como sitio de reclusión esta cárcel, por qué las autoridades del penal lo recibieron, aquí todos están sujetos a una investigación. (Humberto Prado, Tal Cual, 04.07.12)
