Rechazo las declaraciones del ministro Rodríguez Torres, en la cual me acusó “de ocasionar reyertas en las cárceles, mientras se orquestaba el plan conspirativo entre los años 2011 y 2012″. ¿Cuál será el interés que persigue este ministro, cuál es el empeño?
Ya son tres ruedas de prensa en las cuales me menciona. Solo debo decirle, ministro, que pierde el tiempo, porque esas acusaciones no van a poder sacarnos de la misión de luchar por los derechos humanos de la población reclusa.
Creo que cuando busque culpables debe empezar por los responsables del sistema, que su gestión ha dejado sangre, sudor y lágrimas a familias venezolanas, siempre estaré en la sede del OVP, trabajando y recomendando qué se debe hacer, para salir de esta deprimente situación.
Cárcel de Santa Ana debe ser investigada
Sale una nota en el diario tachirense La Nación: “Mil cuarenta y nueve reos del Centro Penitenciario de Occidente, Santa Ana, fueron trasladados sorpresivamente este miércoles a seis cárceles de cuatro estados del país, luego que la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, ordenara la ocupación del penal por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y miembros del Grupo de Reacción Inmediata ,GRI, para desarmar a los reos que se mantenían en rebeldía desde hace más de una semana y cuyas acciones causaron la muerte de 9 reclusos y heridas a unos 15 de ellos”.
Después sigue diciendo que “durante su intervención, Varela aseguró que a través del diálogo y la conciliación se logró que los privados de libertad depusieran sus actitudes hostiles y aceptaran la requisa de las instalaciones”.
Increíble todo esto, porque fue notorio, público y comunicacional, que los internos pedían diálogo, al punto que cuando se produjo el primer hecho donde fallecieron un recluso y un vecino, los internos solicitaban una mesa de diálogo, y lo único que recibían como respuesta, era que la ministra ordenó que se entreguen, y punto.
El detonante del conflicto, según decían los familiares, habría sido que las autoridades del penal querían trasladar a la totalidad de los presos a otros penales del país por una supuesta limpieza del sitio.
Aquí se repite el mal manejo de querer solucionar el problema sacando a los presos, pero como dije en una oportunidad, es como querer poner en funcionamiento una piscina, que tiene el agua verde, y la quieren poner azulita, o sea ideal, y vacían la piscina, eso es errado, porque para solucionar el problema no se requiere vaciar la piscina sino de tratar el agua.
O sea, ustedes saben, respetados lectores, el problemón que los familiares tendrán para trasladarse a visitar a los 1.049 internos que se llevaron a los diferentes establecimientos penitenciarios del país: 368 fueron enviados al Internado Judicial de Barinas (Injuba), 200 al Cepra en Mérida, 250 al Centro Penitenciario David Viloria, antiguo Uribana; y 150 a la Comunidad Penitenciaria Fénix, los dos en el estado Lara; 150 al Internado Judicial de El Rodeo III y 90 al II, ambos en el estado Miranda.
