El comienzo de año ha traído consigo el incremento de la escasez y la incertidumbre en la ciudadanía. Las largas colas para adquirir alimentos se traducen en más penurias sobre todo para las mujeres y los más pobres. A la crisis se suma la ausencia de explicaciones por parte del Ejecutivo que brinden claridad a la población sobre el futuro y las posibles estrategias para la superación de las dificultades.
Más del 80% de lo que consumimos es importado, eso incluye a los alimentos. Buena parte de la carne y de las caraotas que comemos provienen de otras latitudes y han sido pagadas con las divisas provenientes de la renta petrolera.
En su informe sobre 15 años de derechos humanos en Venezuela entre 1997 y 2012, Provea advertía que una de las principales amenazas para la garantía del derecho a la alimentación en el país, era el acelerado incremento de las importaciones y el decrecimiento de la producción per cápita de alimentos.
Provea constató en su investigación que la producción de alimentos crecía anualmente en 1%, mientras que la población aumentaba cada año en 1,6%, un desbalance significativo. En tiempos de bonanza económica, con un barril de petróleo que superaba los 100 $ podía dependerse casi totalmente de las importaciones sin mayores contratiempos, pero hoy, ante la abrupta caída de los precios del crudo, la seguridad alimentaria y la realización plena del derecho humano a la alimentación están bajo riesgo.
La realización plena del derecho humano a la alimentación comporta el tener acceso regular, permanente y sin restricciones a los alimentos a niveles adecuados y suficientes, tanto en calidad como en cantidad, para que ello garantice a las personas poder disfrutar de una vida libre de temores e incertidumbres por esta causa.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), estableció en su Observación General Nro. 12 sobre el derecho a la alimentación, cuáles son las obligaciones de los Estados respecto a la garantía del derecho humano a la alimentación. El Comité ha dicho que los Estados tienen la obligación de respetar el acceso a los alimentos por parte de la ciudadanía, absteniéndose de tomar medidas que restrinjan o impidan dicho acceso; proteger el acceso a los alimentos, velando porque las empresas y/o los particulares no priven al resto de la población del acceso a ellos; facilitar el acceso a los alimentos promoviendo iniciativas que apunten a fortalecer la seguridad alimentaria y la obtención de alimentos en niveles adecuados y suficientes por parte de la población; y hacer efectivo el derecho a una alimentación adecuada a quienes, por razones de fuerza mayor, sean incapaces de disfrutar del derecho por los medios a su alcance.
Mientras el Ejecutivo Nacional no adopte medidas dirigidas a brindar soluciones a la grave crisis que atravesamos en materia de producción y abastecimiento de alimentos, persistirán las largas colas y la incertidumbre entre los ciudadanos. El Presidente Nicolás Maduro tiene ante si el reto de impulsar un diálogo real y efectivo con todos los sectores productivos del país, a objeto de reimpulsar la producción nacional en toda la cadena alimentaria y reducir progresivamente la dependencia de las importaciones, sin que ello suponga descargar en los hombros de los más pobres el peso de la crisis.
(*) Coordinador de Investigación de Provea
@intiamaru79
