En materia de equidad de género Venezuela se encuentra por debajo del promedio latinoamericano y varios pasos detrás de los países en mejor situación en la región.
El pasado 8 de marzo, a propósito del Día Internacional de la Mujer, instituciones oficiales realizaron diferentes actos en todo el país para conmemorar la fecha. La defensora del pueblo, María Gabriela del Mar Ramírez, estuvo en el evento realizado en el estado Bolívar. Como reseñaron los medios de comunicación, en parte de su discurso expresó: “la mujer es protagonista de la reivindicación por la igualdad de todos los derechos ciudadanos gracias a los 13 años de la revolución”. Sintonizando con la campaña electoral realizada abiertamente por los funcionarios, la defensora opinó sobre la candidatura de los adversarios del presidente en estos términos: “Los señores que vienen ahora con ofertas de progreso y diciendo que van a sacar al país de la violencia, vale recordarles los hechos violentos de décadas atrás como el Caracazo; si ellos tuvieran la oportunidad de regresar serían capaces de revivir estos sucesos violentos donde arremetieron contra el bienestar de las venezolanas y los venezolanos”. No solamente Gabriela del Mar vulnera la ley al realizar campaña electoral en su investidura como funcionaria, sino que además incumple sus obligaciones en la defensa de los derechos humanos de todos y todas las venezolanas. La Defensoría del Pueblo utiliza los crímenes del pasado como estrategia discursiva político partidista, olvidando que se ha incumplido la obligación del Estado venezolano en investigar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la masacre ocurrida en nuestro país entre los meses de febrero y marzo de 1989. Su despacho, poniéndose de lado de todas y cada una de las víctimas, debería ser un actor fundamental en la presión a las instituciones de justicia para que dichas investigaciones se realicen de manera expedita y transparente. Por omisión la Defensoría se ha convertido en cómplice de la impunidad.
Mientras la defensora del pueblo alardeaba a kilómetros de distancia, en Caracas un grupo de activistas se congregaron ante las puertas del Palacio de Justicia para rechazar el retardo procesal en el caso de Alexandra Hidalgo. Como se recordará el 21 de mayo del 2004 Alexandra Hidalgo fue secuestrada en Caracas y llevada a un paraje solitario, en donde 5 personas procedieron a violarla. Entre sus agresores, ella logró identificar a su ex esposo, el teniente coronel del Ejército Iván Sosa Rivero. En julio de 2004 se acusó a Iván Sosa Rivero de secuestro, violación y complicidad en un robo de vehículo con agravantes y se le detuvo en diciembre de 2004. En abril del 2005 salió en libertad condicional y hasta el día de hoy se encuentra escondido, sin haber comparecido ante la justicia. Por su parte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se ha negado a dar de baja sin honores a Sosa Rivero. Desde el año 2004 Alexandra ha acudido a las diferentes audiencias preliminares del juicio, pero todas se han diferido, incluyendo la pautada para el 8 de marzo pasado, a casi la misma hora en que la defensora afirmaba que las mujeres eran vanguardia en el disfrute de sus derechos. El caso de Hidalgo es un ejemplo del grave problema de retardo procesal en el sistema de administración de justicia en el país, que entre otras situaciones afecta a las mujeres que han sufrido violencia de género y que, superando el miedo y el estigma social, han denunciado su caso e intentado obtener justicia.
Como registran organizaciones internacionales de lucha contra la pobreza y la igualdad de género las mujeres venezolanas todavía tienen un largo camino por recorrer para el disfrute de sus derechos. En materia de equidad de género Venezuela se encuentra por debajo del promedio latinoamericano y varios pasos detrás de los países en mejor situación en la región. Esto se desprende del Índice de Equidad de Género (IEG) 2012, publicado recientemente por la organización Social Watch.
En una escala en que 100 representa la igualdad total, ningún país del mundo alcanza el nivel considerado “aceptable” de al menos 90 puntos. Con 64 puntos, Venezuela se encuentra cuatro puntos por debajo del promedio de la región, que es de 68, y bastante lejos de aquellos países de América Latina y el Caribe en mejor situación: Trinidad Tobago y Panamá, con 78 y 76 puntos respectivamente. Por otra parte, el IEG 2012 muestra que los 64 puntos de Venezuela, que lo ubican entre aquellos países con IEG bajo, están lejos de aquellos países que encabezan la puntuación a nivel mundial, Noruega, Finlandia, Islandia, Suecia, Dinamarca, Nueva Zelandia, España y Mongolia, todos ellos con más de 80 puntos de valor global de IEG, que los ubican como de IEG medio. La única dimensión en la que Venezuela alcanza un valor aceptable es educación (100 puntos), mientras que en participación económica y empoderamiento su desempeño es menos encomiable: 65 y 28 respectivamente (bajo y crítico). ¿Estas situaciones estarán dentro de las preocupaciones de la defensora o seguirá jerarquizando su participación en la campaña electoral?
