Por obediencia debida se conoce la excusa de una persona con jerarquía inferior para justificar un acto o conducta con el argumento que recibió órdenes superiores.

En los países hoy parte del Mercosur, además en Perú y Chile, la obediencia debida fue asumida como un escudo de impunidad por parte de militares para evitar que se investigaran y sancionaran graves violaciones a los derechos humanos. Incluso en Argentina tuvieron la desfachatez de dictar una Ley para auto amnistiarse.

En nuestro país, la Asamblea Constituyente de 1999 tuvo muy claro lo pernicioso que era permitir que estos argumentos fuesen usados para justificar violaciones a los derechos humanos. Así que plasmó en el artículo 25 de la Constitución que todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos es nulo y los funcionarios que ordenen o ejecuten tales actos incurren en responsabilidad civil, administrativa y penal.

El tema cobra importancia porque altos funcionarios del Estado vienen esgrimiendo la tesis de la obediencia debida para justificar la actuación que tuvo en la masacre de Cantaura el hoy diputado Roger Cordero Lara.

Tanto el vicepresidente de la República Elías Jaua, como varios diputados militantes del PSUV públicamente han dicho que el ex comandante de la Aviación no puede ser investigado, porque él participó bombardeando a quienes murieron en Cantaura cuando era un joven teniente que se limitó a recibir órdenes superiores.

Bajo ese argumento preguntamos qué sentido tiene que tanto el presidente Chávez como muchos líderes políticos del gobierno prometan al pueblo venezolano que se investigará y sancionará a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos que se produjeron en la Cuarta República. Por qué ilusionan a los familiares de los desaparecidos y los asesinados en Cantaura, Yumare, y El Amparo que se hará justicia.

Los militares y policías que participaron en esos homicidios, justificarán sus actos afirmando que recibieron órdenes superiores.

Advertimos, es muy peligrosa y además inconstitucional la tesis que se empieza a manejar desde el gobierno para defender a Roger Cordero, la cual puede transformarse en un mandato de impunidad para no castigar las graves violaciones a los derechos humanos del pasado y del presente. ¿Sostendrán esa misma opinión la Defensora del Pueblo y la Fiscal General? La Corte Interamericana de Derechos Humanos expresamente estableció que eximir de responsabilidad con la excusa de la obediencia debida es contrario al deber de los Estados de no tolerar la impunidad y su obligación de buscar la verdad de los hechos. Lo mismo decidió tanto la Corte Suprema de Justicia de Argentina y la Corte Constitucional de Colombia. ¿Qué dirá al respeto nuestro Tribunal Supremo de Justicia?

Lo que está en juego no es el destino de un hombre, sino la vigencia de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad y la esperanza de justicia por parte de víctimas y familiares.

Marino Alvarado Betancourt

Fuente: Tal Cual 11.02.2011


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