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Como ahora existen las redes sociales, y a través de éstas uno conversa, intercambia opiniones, discute e incluso se tiene que defender de los insultos y descalificaciones de los fanáticos, no puedo precisar si fue a través de las redes o fue en alguno o algunos artículos de prensa, que toqué el tema de la campaña gubernamental “prohibido olvidar”. En uno de esos inventos electorales, con miras a ganar votos, el gobierno llamó la atención, en una decisión de la Asamblea Nacional, sobre las muertes ocurridas en el pasado adecocopeyano con motivo de las luchas políticas habidas. Recordemos que quienes hoy se horrorizan ante la posibilidad del ejercicio de la violencia por parte de sus opositores, en el pasado la ejercieron sin ningún rubor y hoy, igualmente, defienden como legítimo haberla ejercido contra los gobiernos de AD y de Copei.

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) se alzaron en armas en 1960 contra el gobierno de Rómulo Betancourt. Tenían sus razones para hacerlo, lo cual no significa que tuvieran la razón en decidirse por la lucha armada, ni tampoco que no la tuvieran. No tengo como propósito dilucidar esta incógnita en este artículo ni los procederes de ninguno de los protagonistas, simplemente quiero dejar sentado que, en un momento particular, la izquierda que se dice marxista apeló a empuñar las armas contra los gobiernos de Betancourt y de Leoni. En medio del surgimiento de la lucha guerrillera se producen dos golpes de Estado contra el gobierno de Betancourt: el carupanazo, fundamentalmente militar, y el porteñazo, de carácter cívico militar y muy cruento, pues derivó en cientos de combatientes muertos y heridos. La lucha antiguerrillera, por su parte, incluyó asesinatos a mansalva, prisiones injustificadas, torturas y desapariciones. 

El “prohibido olvidar” del Gobierno también se refiere a las muertes ocurridas con motivo de la represión desatada, a raíz de los sucesos violentos del 27 de febrero de 1989. Aquella explosión social, estimulada inicialmente por la Causa R y el sector copeyano de Vivas Terán, se propagó con rapidez en las barriadas más pobres caraqueñas y en ciudades como Guarenas y Guatire. Fue una explosión social desorganizada, muy violenta, de saqueos, quemas en las calles, destrucción y enfrentamientos con los organismos de seguridad. Estuvo dirigida contra comercios de alimentos y enseres eléctricos principalmente, y no tuvo una connotación de enfrentamiento clasista como el Gobierno ha querido hacer ver; de hecho, no hubo ataques contra las urbanizaciones de la burguesía ni de las capas medias acomodadas.

La Asamblea le puso un límite a las investigaciones que debían realizarse para hacer efectivo el “prohibido olvidar”: no incluyó ningún año del gobierno de Chávez, pues los rojo rojitos, mayoritarios hegemónicamente en ese momento, consideraban absurdo que se pudiera siquiera pensar en la posibilidad de violación de derechos humanos por parte del gobierno revolucionario. A partir de ese momento se abrieron algunos procedimientos, todos con una carga politiquera que en la práctica ofendía la memoria de los patriotas caídos en algunas de las acciones señaladas. Algunos jefes militares del pasado están siendo procesados, pero la investigación no ha avanzado lo debido, pues en todos los casos señalados las Fuerzas Armadas Nacionales fueron las encargadas de restablecer el orden, y debo recordar que los protagonistas del 4 de febrero y del 27 de noviembre participaron en las actividades represivas señaladas, lo que los hace responsables de las mismas.

Esta última situación de hipocresía explica por qué el “prohibido olvidar” se aplica selectivamente a los sectores opositores del Gobierno ligados al pasado adecocopeyano, a quienes se califica de asesinos de jóvenes luchadores, sin importar en si murieron en enfrentamientos o fueron ajusticiados. Es clara la doble moral de quienes nos gobiernan: si las muertes fueron o son producidas por sus enemigos políticos, se trata de viles asesinatos y “se prohíbe olvidarlos”. Si en cambio fueron ellos o sus aliados los autores de esas matanzas, voltean la cara, no hablan de ello y reaccionan violentamente cuando se les increpa sobre la necesidad de no olvidar y se les exige justicia.

Dos casos son emblemáticos de lo que hemos afirmado. Uno el del diputado del PSUV Roger Rafael Cordero Lara, quien como teniente de la aviación militar participó en la masacre de Cantaura, estado Anzoátegui (1982), como parte de quienes bombardearon durante la noche un campamento guerrillero, asesinando a 23 de sus 41 integrantes. Varios de los capturados fueron asesinados a quema ropa, a las mujeres les mutilaron los senos y a otros los descuartizaron. Sus familiares fueron luego objeto de persecuciones y hostigamiento. Nada de esto le impidió a Cordero Lara llegar a general y ser Comandante de la Aviación Militar, y sin solución de continuidad ser diputado en 2010. Quienes “prohíben olvidar” los excesos del pasado, olvidaron los excesos de Cordero Lara y premiaron su desempeño como militar “revolucionario”. Ninguna explicación sobre este asunto; insultan y ofenden cuando se les plantea.

El otro caso es el de Rodríguez Chacín, actual gobernador de Guárico, quien fue protagonista junto a López Sisco de la masacre de El Amparo en 1988, donde 14 pescadores fueron asesinados por el Comando José Antonio Páez, quien trataron de justificar la vileza cometida diciendo que eran guerrilleros colombianos, cosa que se supo inmediatamente era falsa. Dos sobrevivientes, perseguidos hasta más no poder, se encargaron de contar lo sucedido. De sus bocas oí personalmente como se dio la emboscada de estos pescadores. Los hipócritas del Gobierno y del PSUV callan ante estas denuncias. (Publicado en La Razón)

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