La corrupción atenta contra la legitimidad de las instituciones y de la sociedad en general; en consecuencia, contribuye a disminuir la confianza de los ciudadanos en los poderes del Estado.
La lucha contra dicho flagelo data de la antigüedad, pues el dinero público era considerado cosa sagrada y, por tanto, quienes lo sustraían eran sometidos a castigos.
El 12 de enero de 1824, en Lima, Perú, nuestro Libertador Simón Bolívar decretó la aplicación de la pena capital para los funcionarios que hubieran tomado dinero del erario nacional.
En el decreto se planteaba que «Todo funcionario, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos arriba, queda sujeto a la pena capital».
Esta mala práctica no tiene reglas ni fundamentos filosóficos; sólo la guía del afán del lucro, alimentado por el falso paradigma de que el atesoramiento ilimitado de dinero genera una mejor forma de vida.
En ese sentido, desde el momento en que asumí como Fiscal General de la República emprendí una batalla contra este terrible mal, adoptando medidas orientadas hacia tal fin.
En la institución que dirijo, uno de esos proyectos fue la creación de la Unidad Anticorrupción en enero de 2008, con el objetivo de dar una respuesta respecto a casos relacionados con la afectación del patrimonio de la Nación y en los que estarían involucrados altos funcionarios de la administración pública.
Es así como se han realizado imputaciones, acusaciones y logrado condenas por la comisión de delitos previstos y sancionados en el ordenamiento jurídico venezolano; incluso ex alcaldes y ex gobernadores han sido señalados por presuntamente incurrir en el manejo indebido de fondos, deshonrando así el compromiso que en su momento asumieron con los ciudadanos.
Es por ello que nos planteamos reforzar esta Unidad; de allí que las fiscalías con competencia en esta materia, además de un equipo de especialistas en el área de finanzas, se han incorporado al trabajo que realizamos en la misma.
Asimismo, será creada la unidad financiera, cuya finalidad será el análisis y la práctica de las experticias técnicas necesarias en los casos.
Desde el Ministerio Público continuaremos, en conjunto con el resto de las instituciones del Estado, nuestro compromiso de luchar contra la corrupción. (Prensa Ministerio Público, 15.07.13)
Fiscal General de la República.
