El pasado martes 21 de julio, se informó sobre la decisión gubernamental de adoptar e implementar un plan nacional de derechos humanos. Esta medida fue una de las principales recomendaciones de la ONU hace 3 años, durante el Examen Periódico Universal y ha representado una solicitud prácticamente histórica de las organizaciones no gubernamentales que nos dedicamos a la promoción y defensa de los derechos humanos en Venezuela.
En el acto de anuncio participaron representantes acreditados en Venezuela de las agencias de ONU Sida, Unicef, Fao y Acnur, entre otras personalidades y organismos internacionales, que habrían sido consultados sobre este Plan. Junto a la información de esta importante medida, voceros del Consejo Nacional de Derechos Humanos y del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores señalaron que además se realizará una amplia consulta sobre sus contenidos, sin especificar todavía los mecanismos para incorporar materialmente las resultas de esa anunciada evaluación, a la que calificaron de popular.
De acuerdo a los ejes divulgados, el mencionado plan se fundamentaría en 5 lineas que serían las siguientes: «1- Construcción de una cultura emancipadora en derechos humanos, incorporándolos desde las visiones emancipadoras, críticas y alternativas en la colección Bicentenario y en las herramientas tecnológicas del proyecto Canaima educativo. 2-Fortalecimiento de la institucionalidad para la garantía de los Derechos Humanos, en este sentido, los servidores públicos recibirán formación para respetar los derechos humanos. 3- Participación protagónica del pueblo para el disfrute pleno de los derechos humanos, promoviendo comités en cada Consejo Comunal y en todas las organizaciones populares. 4- Relación con los sistemas y organismos internacionales de los derechos humano, con una visión transformadora, crítica y respetuosa. 5- Profundización del enfoque de derechos humanos en la legislación, la política y la acción del Estado Venezolano, con miras a establecer un sistema nacional de indicadores en Derechos Humanos que permita evaluar el impacto de las políticas públicas en todo el territorio e instancias de gobierno.
En este último eje, el Vicepresidente de la República comentó que esta planteado “fortalecer las Misiones Sociales, las Grandes Misiones y la instalación de las Bases de Misiones». Como se recordará, la Vicepresidencia de la República es un organismo del Ejecutivo Nacional que encabeza el Consejo Nacional de los Derechos Humanos de Venezuela, desde el 3/4/2014, cuando se creó la instancia (Gaceta Oficial Nº 40.386). De acuerdo a sus fines, el Consejo Nacional de los Derechos Humanos se concibió para fortalecer la política pública del Estado venezolano en esta materia.
Señaló Provea hace 3 años con respecto a la importancia y urgencia de adoptar una medida de esta naturaleza, que: «Todos los países del Mercosur tienen Plan Nacional de Derechos Humanos, sin embargo Venezuela que aspira a ser miembro de derecho pleno en esta organización no solo no tiene un plan sino que rechazó la propuesta de tenerlo hecha por Brasil en el marco del Examen Periódico Universal”. Tal señalamiento se hizo en el marco de una rueda de prensa con motivo del cierre del ciclo de evaluación del EPU en el que Venezuela rechazó 52 recomendaciones y aceptó 97.
En este mismo mes de julio, Provea participó en la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos del Mercosur, donde Venezuela manifestó su acuerdo de implementar este plan nacional de derechos humanos, con el acompañamiento de esta importante organización del sur del continente, mecanismo que podría augurar avances para nuestro país.
El anuncio de este plan nacional pasa a representar una acción importante en medio de una coyuntura donde el Presidente de la República insiste en proseguir la ejecución de la llamada Operación de Liberación y Protección (OLP), como señaló el miércoles 22/7/2015 en cadena nacional, política cuya más reciente edición dejó al menos un saldo de casi 20 personas fallecidas y más de un centenar de detenidos, en circunstancias que el Defensor del Pueblo ha reconocido como de exceso policial.
María Esperanza Hermida
(*) Coordinadora de Exigibilidad – Provea
