El pasado 15 de marzo se cumplió un año del cierre del proceso relacionado con el Examen Periódico Universal en cuanto a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Del debate y dinámica del Examen surgieron una serie de recomendaciones presentadas por los 50 estados que participaron en las deliberaciones. Todas sugeridas con el propósito de fortalecer lo bueno que se viene desarrollando y superar los déficit existentes. La representación del Estado acogió un total de 95 y rechazó 38.
Del conjunto de recomendaciones resaltamos tres aceptadas.
Intensificar el diálogo y ampliar la cooperación con los defensores de los derechos humanos, y reforzar su protección (Brasil);
Aplicar un enfoque integral para el seguimiento del examen periódico universal (EPU), que incluya consultas abiertas con una amplia serie de órganos gubernamentales y representantes de la sociedad civil (Reino Unido);
Emprender un proceso participativo e incluyente con todas las organizaciones de la sociedad civil de Venezuela interesadas en la aplicación de las recomendaciones del EPU (Noruega)
Las tres recomendaciones indican que el gobierno se comprometió a desarrollar un proceso de diálogo con las distintas organizaciones de derechos humanos, facilitar su trabajo y establecer mecanismos de cooperación para la promoción de los derechos y finalmente adelantar medidas que garanticen la protección efectiva ante ataques que pudiesen sufrir.
Igualmente indican que el gobierno debe adelantar un proceso participativo tanto de las instituciones estatales como de las organizaciones de la sociedad civil para hacerle seguimiento a las recomendaciones de tal manera que se traduzcan en políticas y medidas eficaces que garanticen a todas y todos el pleno ejercicio y disfrute de los derechos.
Durante la gestión del Presidente Chávez no se creó ningún mecanismo para garantizar esa consulta y participación. Es hora de corregir.
Además, hay que destacar que si el conjunto de Poderes Públicos no asumen de manera responsable hacer seguimiento a las recomendaciones, coordinar institucionalmente, asignar presupuesto y establecer metas de corto y mediano plazo, serán muy pocos los avances que puedan lograrse y tal vez en algunos derechos se produzca más bien regresividad.
El 25 de julio de 2016 es la fecha tentativa para un nuevo examen a Venezuela. Y si organizaciones de la sociedad civil e instituciones del Estado trabajamos de manera mancomunada con seguridad dentro de tres años podremos presentar al mundo una información que refleje avances efectivos y con ello la satisfacción de haber logrado garantizar mejores condiciones de vida a la población venezolana.
Son mucho los problemas que más agobian a la familia venezolana. Pues bien, buena parte de las soluciones están en las recomendaciones que surgieron del Examen Periódico Universal. Por ello es importante un diálogo que favorezca se implementen y de manera eficaz.
