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Una revisión de las notas de prensa del Ministerio Público produce una sensación de frustración y de esperanza a la vez.

De frustración, porque es impresionante la cantidad de funcionarios policiales y militares involucrados en delitos de cualquier naturaleza y los numerosos abusos que cometen. Hurtos, atracos, robo de vehículos, tráfico de estupefacientes, torturas, detenciones arbitrarias, homicidios, entre otros tantos. Igual la cantidad de casos donde funcionarios policiales y militares extorsionan abusando del poder de un uniforme y un arma. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas encabezan la estadística. Pero no se quedan atrás guardias nacionales y funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, para hablar solo de las que tienen competencia nacional.

Es injusto generalizar, porque también hay funcionarios comprometidos con su labor y la realizan con ética, pero no hay duda de que la corrupción y otras prácticas desviadas están afianzadas en los cuerpos policiales.

Los esfuerzos que se emprendieron en 2006 por crear un nuevo modelo policial y lograr la transformación de las policías se quedó en el camino. Tan es así que en 2014 el presidente Nicolás Maduro de manera improvisada lanzó la denominada Revolución Policial para acabar con la corrupción en el seno de las policías y para hacerlas más eficientes. Creó la Comisión Presidencial del Sistema Policial y Órganos de Seguridad Ciudadana a través del Decreto Presidencial 1.420 publicado en la Gaceta Oficial N° 40.451 de fecha 14 de noviembre de 2014. Tan improvisada fue la creación de esa Comisión que se estableció un plazo de seis meses para cumplir los objetivos. Como era de esperarse no llegó a nada. No presentaron un balance de lo logrado porque solo podían mostrar el rotundo fracaso. Un asunto tan complejo no puede resolverse en tan corto tiempo y más difícil aún si se emprende de la manera sectaria como se procesó.

La situación empeoró cuando el presidente Nicolás Maduro y el ex ministro Gustavo González López lanzaron, en otra improvisación más, la denominada Operación para la Liberación y Protección del Pueblo que el único saldo que dejó fue graves violaciones a los derechos humanos. Cientos de denuncias de ejecuciones policiales, torturas, allanamientos sin orden judicial, detenciones masivas arbitrarias, destrucción de viviendas. Los abusos policiales aumentaron significativamente. Tiene el exministro González López, quien dirigió las acciones policiales. una deuda con la justicia pues esas graves violaciones no pueden quedar impunes.

Pero la revisión de las notas de prensa del Ministerio Público también genera esperanza. Buena parte de los funcionarios detenidos y posteriormente procesados, se debe a denuncias realizadas por la ciudadanía. De personas que dejaron a un lado el miedo y confiaron un poco en las instituciones. Un comerciante a quien un funcionario del CICPC le quitó el vehículo y a cambio pedía dinero para devolverlo logró al denunciar que el funcionario fuera condenado. Tres funcionarios del CICP sin orden judicial allanan un comercio y extorsionan a los dos dueños pidiéndoles dinero de lo contrario inventarán que cometieron algún delito. Los comerciantes denuncian y los tres policías son detenidos. Dos funcionarios del Sebin en Maracaibo detienen un obrero. Lo amenazan que si no les da una alta cantidad de dinero lo involucrarán en un delito de droga. El obrero denuncia y los funcionarios hoy se encuentran tras las rejas.

Tres ejemplos de cientos que hay en la página web del Ministerio Público donde se confirma la importancia de denunciar los abusos policiales. A pesar de los altos niveles de impunidad muchos casos son investigados y los responsables sancionados.

Solicitar a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público que investiguen los abusos permitirá contribuir a combatir la corrupción policial y luchar contra la impunidad. Denunciar si da resultados.

@marinoalvarado

 

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