El pasado 12 de octubre se cumplió un aniversario más de la resistencia indígena. Como ya es costumbre el alto gobierno realizó ruidosas celebraciones afirmando que la situación de los pueblos indígenas ha mejorado considerablemente en los últimos años.
Pero por más discurso y propaganda no pueden ocultar la realidad. La situación no ha variado mucho.
Algunas pequeñas mejoras en algunos pueblos principalmente en el campo educativo. Pero lo esencial sigue ahí. Pobreza, abandono y no demarcación de tierras.
La disposición transitoria décimo segunda de la Constitución estableció un plazo de dos años desde el 2000 para el proceso de demarcación, y hasta la fecha de hoy menos del 5% del territorio de las comunidades aborígenes ha sido demarcado y entregado a sus propietarios.
La ausencia de garantías en el derecho a la tierra indígena, la profundización del modelo extractivista, la inexistencia de programas efectivos de salud para las comunidades indígenas, la impunidad y la criminalización de las luchas, amenazan los derechos de los pueblos originarios.
La ausencia de garantías en el derecho a la tierra indígena ha sido origen de conflictos en diferentes zonas del país, especialmente en el estado Zulia.
Provea denunció que durante el 2012 fueron asesinados 06 indígenas yukpas por conflictos relacionados con la tenencia de tierras. El 03.05.13 fue asesinado el cacique yukpa Sabino Romero quien había protagonizado diferentes acciones de exigibilidad de derechos para presionar por la demarcación del hábitat indígena y rechazar la explotación de minerales en sus territorios.
El gobierno del presidente Maduro ha prometido aumentar la producción de crudo y gas para el año 2019, según el llamado “Programa de la Patria 2013-2019” entre otros recursos naturales a explotar”.
Sin embargo, muchos de los yacimientos a desarrollar se encuentran sobre territorios indígenas sin que se hayan tomado las previsiones presentes en el artículo 120 de la CRBV acerca del ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada como requisito previo para el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado.
En este sentido la profundización de una economía de tipo extractiva en el país se realiza sin la atenuación de los impactos sociales y ambientales que genera.
En el caso de la minería hay problemas adicionales, como la presencia de los llamados garimpeiros y las denuncias de la participación de funcionarios militares.
Comunidades del pueblo Pemòn de la Gran Sabana en dos oportunidades desarmaron a funcionarios militares que realizaban actividades de minería ilegal. Los indígenas también denunciaron maltratos por parte de los militares contra las comunidades.
La respuesta del gobierno fue abrir juicio militar a cinco capitanes pemones quienes desde hace un año se encuentran bajo régimen de presentación periódica.
Se invoca la resistencia indígena, pero si la practican los enjuician o descalifican como traidores. Ayer como hoy la resistencia continúa.
