Los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos son las diferentes formas de reparación a las que está obligado el Estado ante un daño injustamente causado por las acciones u omisiones de sus agentes. Dentro de esas reparaciones están saber por qué, cómo y quién causó el daño; que las personas, organizaciones, instituciones, etc., involucradas sean plenamente identificadas y sancionadas; compensar los daños materiales y morales sufridos; y garantizar que esos hechos no vuelvan a ocurrir.
En el caso de las violaciones de derechos humanos cometidas por policías, ¿por qué son más graves que cuando a un chamo lo mata la bandita que tiene azotado al barrio?, ¿por qué las organizaciones de derechos humanos persiguen a los policías y no salen a perseguir a los chamos que están metidos en una en el barrio?
En primer lugar, habría que decir que investigar y sancionar, en los casos en que las funcionarias y los funcionarios policiales sean responsables, no se trata de que los y las policías no tengan derechos humanos, o que las organizaciones de derechos humanos nos especializamos en defender malandros. Sino en que si nosotras y nosotros como sociedad confiamos el monopolio de la violencia al Estado, es decir, que le confiamos la provisión de nuestra seguridad, es mucho más grave que los aparatos armados que tienen la obligación de proveernos una dimensión de esa seguridad, se utilicen para atentar contra las personas que tienen como obligación proteger.
En estos casos, la responsabilidad por esta acción va más allá de la responsabilidad penal individual de las personas involucradas en los hechos, y comprometen a las instituciones que representan, en este caso a la policía, y por ende, al Estado. En palabras más simples, al chamo del barrio, el Estado no le dio una chapa, un arma, lo entrenó y lo embistió de autoridad con el propósito de proveer seguridad; por lo tanto, las prácticas ilícitas en las que incurra, aunque también sean muy graves, únicamente comprometen su responsabilidad individual. Pero cuando se trata de un o una policía a quien el Estado le ha entregado una serie de herramientas y le ha confiado un poder para la provisión de seguridad a toda la población, ese policía cuando actúa, no sólo actúa por su cuenta, sino que actúa representando al Estado y compromete su responsabilidad.
Por esta razón, en el caso de las víctimas de abuso policial, no basta con que se conozca qué ocurrió, se identifiquen y juzguen a los funcionarios y funcionarias responsables, y se compensen los daños materiales y morales causados; además de ello, el Estado debe adoptar las medidas para que ese tipo de hechos no se vuelvan a repetir.
El proyecto de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), como una institución que le apuesta a la transformación del modelo policial venezolano, encarna un gran esfuerzo como parte de un proceso de garantías de no repetición respecto de todas las familias venezolanas que han perdido arbitrariamente a sus seres queridos a manos de los cuerpos policiales. Para ello:
– Promueve un plan de formación que rompe con el paradigma de las escuelas de policía, basado en la obediencia ciega y un ejercicio de la disciplina sustentada en el temor, la humillación y el castigo físico; para apostar a la educación popular, a la disciplina voluntaria, a la vinculación social y al reconocimiento y conciencia de clase de sus policías para que nunca más estén en contra del pueblo al que pertenecen.
– Dentro de quienes acompañan este proceso de formación y transformación participan representantes de sectores que han sido históricamente perseguidos o reprimidos por la policía (personas sexo diversas, jóvenes peludos de sectores populares, activistas de derechos humanos, militantes de izquierda, etc.), tendiendo puentes entre quienes nos hemos considerado “enemigos naturales”, posibilitando el reconocimiento y aprendizaje mutuo en la construcción de otra policía posible.
– Además de la acción directa de sus agentes, reconoce la responsabilidad del Estado por las omisiones en que incurrió para la garantía de los derechos de las funcionarias y los funcionarios de policía, y se compromete con su promoción y garantía.
“Con un currículum común básico y con diversificación según las disciplinas y áreas especializadas del servicio, la UNES asume el reto de consolidar cuerpos de seguridad ciudadana al servicio del pueblo venezolano, que sean transparentes, con sentido ético, confiables, eficaces, abiertos a la participación popular, a la contraloría social y ajustados al cumplimiento de los derechos y libertades ciudadanas”.
“Los procesos de aprendizaje de la UNES están fundamentados en la creación intelectual, la sistematización de las prácticas y problemas de seguridad (en los contextos nacional, regional y local), en el intercambio de saberes y en la participación activa de educadores y discentes. Es por ello que nuestra institución asume la educación y el conocimiento como bienes públicos al servicio de todas y todos, bajo los principios de justicia social, respeto a los derechos humanos, igualdad de género, diversidad e interculturalidad, cooperación solidaria, participación ciudadana, calidad, pertinencia, formación integral, educación a lo largo de toda la vida, vinculación con los planes de desarrollo nacional y cooperación internacional”. (Martha Lía Grajales Pineda, revista Calle Sol, 20.09.12)
