Venezuela está sumida en una espiral de violencia alentada por la profunda crisis social y la poca vigilancia que se ejerce sobre la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado sobre la ciudadanía y la poca preparación sobre DDHH en estás instituciones han arrojado cifras preocupantes en materia de Derechos Humanos, en particular con el sublime derecho a la vida consagrado en el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que lo asume como una norma inviolable, afirmando que ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla y además comisiona al Estado como protector de la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma.
Sólo hasta 2013 el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), en su informe anual contabilizó 205 casos de violaciones al derecho a la vida, cantidad que se incrementó un 25% con respecto al año 2012. Aunque existe una disminución del patrón de uso excesivo de la fuerza y la muerte por negligencia que agruparon 5 fallecimientos cada una, 10 muertos por torturas, tratos inhumanos o degradantes, siendo responsable mayoritariamente el Cuerpo de investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).
La versión oficial del cuerpo de seguridad se determinó en 131 casos, “enfrentamientos” con 122 víctimas, 6 por no “atender la voz de alto” y 3 murieron en operativos del cuerpo detectivesco. El 93,33% fallecieron por herida de arma de fuego, 4,76% por asfixia y 1,43% por asfixia. Todas estas personas no superaban los 30 años de edad.
A ello se le sumó la aplicación del Plan Patria Segura a partir de abril de 2013, donde se evidenciaron lamentables sucesos como el ocurrido en el estado Falcón el 04 de julio donde resultaron heridas mortalmente Luminier Pacheco y una de sus hijas, en un operativo de la guardia nacional, resaltó el caso de Edwin Moisés Rivero quien recibió un disparo en la espalda con un fusil de un efectivo de la GNB.
Las principales acciones que dieron cabida a estas muertes fueron el patrón uso excesivo de la fuerza, muertes ocurridas por tortura, tratos o penas, crueles, inhumanas y degradantes. Casos como el de Jesús Tarazona (21), en el estado Guárico quien murió a causa de una golpiza que le propinó un Guardia Nacional. Destaca también la muerte por politraumatismos severos de Frank Enrique Rangel (19) en el estado Monagas; aunque la versión oficial narró que el deceso se produjo por ahorcamiento. El 9 de julio Reny Adolfo Suárez Julio murió porque fue obligado por miembros del ejército venezolano a ingerir gasolina, tras ser detenido en un operativo contra el contrabando de combustible. Se reportaron muertes en recintos policiales y muertes bajo custodia de las autoridades.
Estos datos son un llamado a los órganos administradores de justicia para que ejerzan un exhaustivo control en los cuerpos de seguridad que deben cumplir su función como garantes de la vida de los venezolanos, recordando que ninguna persona pierde sus derechos ni en circunstancias excepcionales, nadie está fuera de la justicia ni por encima de ella, estos actos contra la dignidad humana deben ser castigados de forma oportuna.
El informe anual de la situación de Derechos Humanos realizado por Provea hace recomendaciones claras para evitar estos desmanes que atentan contra el derecho a la vida:
-Crear políticas públicas dirigidas a prevenir y tratar los casos de violación al derecho a la vida.
-Abrir una averiguación sobre los casos de muertes en enfrentamientos para proceder a la ejecución de las medidas judiciales pertinentes y así adoptar las acciones necesarias para evitar este tipo de fallecimientos.
-Afrontar la impunidad de las violaciones del derecho a la vida con iniciativas conjuntas del Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo, que permitan acelerar las investigaciones y el desarrollo de los juicios para sancionar a los responsables.
-Consolidar la iniciativa del Ministerio Público de proseguir la ampliación de unidades criminalísticas a nivel nacional con el Plan de Seguimiento de Casos sobre Violaciones de Derechos Fundamentales, y reactivar la aplicación de estadísticas interrumpidas a partir de 2008.
-Mantener un vigilancia estricta sobre la actuación de los funcionarios policiales, de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional, creando conciencia del respeto absoluto al derecho a la vida y la magnitud de las ejecuciones acaecidas en el país en el pasado reciente.
Este año ya se han registrado más de 150 casos de torturas durante las detenciones practicadas en las protestas estudiantiles, con la trágica suma de al menos 40 muertes entre efectivos de seguridad y civiles, sin tomar en cuenta los casos de abusos policiales que aún se están registrando en los pueblos indígenas en torno a la lucha contra el contrabando auspiciada por el Gobierno nacional, así como la violencia carcelaria que ha generado varias muertes en 2014.
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Miguelangel Caballero
@Mikangel777
