Tras la tradicional jornada del primero de mayo, octubre será un mes en donde sindicalistas, trabajadores y trabajadoras del país podrán poner, de nuevo, sus reivindicaciones sobre el tapete. Tres eventos serán propicios para ello. El primero es el Examen Periódico Universal (EPU) que, como recordaremos, será la oportunidad para que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas evalúe los compromisos del Estado venezolano en materia de derechos humanos. Diferentes organizaciones sociales del país remitieron sus informes al EPU, en donde uno de los temas era la vigencia de los derechos laborales. Por ejemplo, se informó que entre los años 2006 y 2010 fueron asesinados 181 sindicalistas y trabajadores por conflictos laborales. Un número importante se relaciona con desviaciones en el ejercicio de la actividad sindical ya que los dirigentes sindicales se convierten en gestores de empleo cobrando cuotas por esa labor. Entre las preguntas sugeridas sobre el tema al Estado venezolano se encontraban: ¿Podría suministrar información sobre el número de sentencias que establecen responsabilidades penales por los asesinatos de 181 sindicalistas o trabajadores relacionados con conflictos laborales, ocurridos entre octubre de 2006 y septiembre de 2010? Y ¿Qué mecanismos ha adoptado el gobierno nacional para prevenir este tipo de asesinatos?
Otro de los temas elevados por las ONG al Consejo DDHH de la ONU es el relativo a la criminalización de la protesta pacífica en donde se informó que más de 2.400 personas están sometidas a procesos penales por haber participado en protestas públicas, con medidas sustitutivas de libertad pero obligadas a no hablar sobre sus casos, a no participar en otras manifestaciones públicas y a presentarse periódicamente ante los tribunales.
Se describió cómo la política de Estado de criminalizar la protesta se refleja en la creación de un marco jurídico que restringe los derechos a la huelga y a la manifestación imponiendo penas de prisión. Entre las leyes aplicadas se encuentran: la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, y la Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, el Boicot y Cualquier otra Conducta que Afecte el Consumo de Alimentos o Productos Sometidos al Control de Precios. Esta situación afecta especialmente a los dirigentes sindicales y trabajadores en conflicto por sus derechos laborales.
El resultado del EPU será un conjunto de recomendaciones al Estado venezolano para atender tales situaciones y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos de naturaleza laboral. Se sumarán otro conjunto de recomendaciones en distintos aspectos relacionados con los derechos sociales, civiles y políticos.
El segundo evento se desarrollará en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 28 de octubre se realizará una audiencia sobre la libertad sindical en las Américas. Uno de los países que será evaluado es Venezuela. Se discutirá sobre las actuaciones de jueces penales dictando medidas que impiden a sindicalistas realizar asambleas y acciones reivindicativas en empresas básicas del Estado. Sobre las acciones violentas promovidas por algunos gerentes de empresas básicas impidiendo que los y las trabajadores realicen asambleas. Acciones que en algunos casos han terminado en agresiones físicas a sindicalistas. Se debatirá sobre las discriminaciones políticas que realiza el Ministerio del Trabajo a la hora de tramitar denuncias de violaciones al fuero sindical.
El tercer evento será la jornada nacional de protesta que vienen convocando una serie de sindicatos para el día 20 de octubre. Mil protestas pacíficas en un día es el lema de la campaña para esta jornada. Sus dirigentes, ubicados en el denominado Frente Nacional Autónomo de Defensa del Salario y el Sindicato, han expresado que se trata de una jornada de carácter democrático que tiene como propósito reivindicar el derecho a las convenciones colectivas, defender el ejercicio de la libertad sindical y promover la autonomía de la acción sindical, así como exigir investigación y cese a la impunidad sobre los asesinatos de sindicalistas y reclamar un salario suficiente y digno para el sector laboral del país. Como se recordará, la inflación anual del 30% ha venido mermando los aumentos salariales decididos unilateralmente por el Ejecutivo. Más información sobre esta convocatoria en www.laclase.info
El movimiento sindical del país necesita recuperar su propia agenda de reivindicaciones, la cual no puede ser hipotecada o desplazada por ninguna otra prioridad que no sean los derechos de los trabajadores. Un movimiento gremial movilizado, articulado y en ofensiva por el disfrute pleno de calidad de vida para la masa laboral del país es una precondición necesaria para la vigencia de los derechos laborales. La ocasión también será propicia para presionar por la promulgación de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, en mora por parte de la Asamblea Nacional.
