Ya nadie parece dudar de la posibilidad de que se hubieran presentado violaciones a los DDHH en Vargas. Esa realidad no fue totalmente tapiada, por eso es difícil negarla. El Ejecutivo, por ejemplo, pasó de un discurso que descalificaba a los denunciantes, a otro que admite la posibilidad de excesos y valora la pertinencia de la denuncia. Un cambio positivo, sin duda. Las nuevas instituciones tienen el reto de probar su imparcialidad. Los denunciantes tenemos la obligación de vigilarlas. En la calle, el debate es otro. Las encuestas hablan de una sociedad que avala las ejecuciones extrajudiciales frente a los graves problemas de seguridad que existen en el país. El discurso de DDHH es visto como un obstáculo a la seguridad y sus portadores, como «cómplices de violadores». Hay mucha víscera en todo ello. Hay incomprensión y, sobre todo, hay peligro de que, al renegar de sus derechos, la sociedad atente contra la posibilidad del fortalecimiento del Estado de Derecho.
Las notas siguientes enumeran algunos argumentos como aporte a ese debate.
1.- Las organizaciones de DDHH defienden a personas cuyos derechos han sido vulnerados. Provea defendió a los militares golpistas del 4-F cuyas garantías judiciales estaban siendo vulneradas. Cuando lo hicimos, no avalamos con ello un Golpe. Defendimos al Estado de Derecho y ello implica que a toda persona, sin discriminación, se le debe garantizar su dignidad humana. No somos cómplices de los delincuentes. Éstos deben ser sancionados con todo el peso de la ley. Pero, entiéndase bien, «de la ley». La nueva Constitución, aprobada por mayoría, no contempla la pena de muerte y, mucho menos, que ésta sea administrada sin un juicio previo.
2.- Las víctimas de la delincuencia tienen derecho a que el delincuente sea sancionado. Si los funcionarios no investigan; si los delincuentes gozan de impunidad, ello significa que a la población se le está violando el derecho humano a la justicia. Es el Estado el responsable. Es a las instituciones estatales a las que hay que presionar para que cumplan con su deber de prevenir y sancionar los delitos.
3.- De una mata de mango no hay que esperar uvas. Del Ministerio de Salud no hay que esperar carreteras, de una organización de DDHH no hay que esperar que patrulle armada las calles, sino que defienda (sin distinciones) los DDHH. Cuando una persona asesina a otra, comete un delito grave (homicidio) que debe ser sancionado. Si esa persona es, además, un agente armado del Estado, en ejercicio, ese delito se convierte en una violación al derecho a la vida. Es particularmente grave que sea el Estado el que asesine, porque la sociedad le ha entregado a ese ente el monopolio de la violencia y su uso des viado constituye un riesgo enorme para la población. Es necesario que existan organizaciones que asesoren a la población sobre cómo actuar en caso de ser víctimas de la delincuencia, en el marco del derecho a la justicia. Esto fortalecería el Estado de Derecho y sería positivo, como lo es que las matas de mango den mangos, el ente encargado de la salud cumpla y que las organizaciones de DDHH continúen en lo suyo.
4.- Avalar la posibilidad de que los agentes armados de Estado ejecuten a presuntos delincuentes es avalar que, más temprano que tarde, también ejecuten a inocentes. La sociedad no puede saber si el asesinado es culpable o inocente, si no hay un juicio en donde, de manera racional, se demuestre una u otra cosa. Se trata con esto, de evitar que el temor y la inseguridad nos envuelvan en un torbellino en el que todos, y no sólo los delincuentes, seremos víctimas.
5.-Las organizaciones de DDHH están llenas de gente que, también, ha sido víctima de la delincuencia, gente que quiere justicia y, por quererla, no tolera remedios peores que la enfermedad.
Antonio J. González Plessmann
Coordinador del Área de Información
Provea
