¿Tendrá sentido intentar una vez más desmontar el discurso que pretende mostrar a los grupos de derechos humanos como un obstáculo en la lucha contra la delincuencia?

Nos hacemos la pregunta porque pareciera que todo lo que pueda decirse sobre el tema ya ha sido dicho. Los que entienden que los derechos humanos son universales por definición y que cualquier relativización que se establezca hace perder el sentido de tan magnífico postulado, abordaron el tema en los medios de comunicación social desde todos los ángulos posibles. Pero no es menos cierto –y al movimiento de derechos humanos esta constatación le preocupa especialmente – que hay una fuerte matriz de opinión en contrario, que de forma automática equipara la expresión «derechos humanos» con privilegio de los derechos de los delincuentes por sobre los derechos del resto de la sociedad. Pensamos que tal matriz de opinión se asienta sobre lo que en psicología social se llama prejuicio, que en la definición de Elliot Aronson en su obra «El animal social» se la entiende como «Una actitud hostil y negativa hacia un grupo distinguible, basada en generalizaciones derivadas de información imperfecta o incompleta» . La definición es útil para lo que estamos diciendo y aportaremos algunos datos para corroborarlo.

Es significativo que a Provea se la señale como «defensora de delincuentes», cuando nuestra misión fundacional no es precisamente trabajar con población carcelaria. Entre los sujetos de derechos que hemos defendido se encuentran los pescadores de El Amparo (derecho a la vida, Edo. Apure) , los pobladores de El Hornito ( derecho al ambiente sano y a la salud en el Edo. Zulia), los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar (derecho a la gratuidad de la educación superior, Caracas), los indígenas masacrados en Haximú (derechos de los pueblos indios, Edo. Amazonas), los pacientes hospitalizados en la Unidad de Neurocirugía del Hospital El Llanito (derechos a la salud y a la seguridad social, Edo. Miranda). A los fines de esta argumentación es útil recordar también que –experiencia inédita en América Latina- no dudamos en levantar nuestra voz para exigir el derecho al debido proceso que amparaba constitucionalmente a los militares que se rebelaron en 1992.

¿Por qué entonces se insiste en decir que sólo defendemos delincuentes, o que no nos importan los derechos humanos del resto de la sociedad? Tal vez otro concepto de la psicología social pueda ayudarnos en la respuesta. Entre las causas del prejuicio, en la misma obra a la que hacíamos referencia, se encuentra la teoría del «Chivo expiatorio». En resumen, esta teoría señala que en momentos de dolor o de situaciones adversas, se tiende a desplazar la agresión que la situación provoca, sobre algo o alguien que es inocente de lo que se le acusa, pero que resulta útil como depositario de la agresión. Para el tema que nos ocupa, los grupos de derechos humanos no tenemos absolutamente ninguna responsabilidad sobre el auge de la delincuencia (que tiene que ver más bien con causas estructurales), ni mucho menos con la incapacidad del Estado para controlarla (aún cuando aportamos más de una vez propuestas de solución y pocas veces se nos escuchó), ni tampoco con la ineptitud del Sistema de Administración de Justicia para acabar con la impunidad (contra la cual siempre hemos luchado). Sin embargo, somos un excelente blanco para que la gente de la calle descargue sobre nosotros su frustración llamándonos «defensores de saqueadores y violadores» y haciéndonos responsables de su sufrimiento.

Si esto es así, habría que preguntarse una vez más cuál es la responsabilidad que le cabe al Estado para revertir, en lugar de alimentar, tal tendencia. Resulta paradójico comprobar que por un lado el pueblo venezolano aprobó mayoritariamente mediante referéndum, una Constitución que reivindica los derechos humanos, y por el otro, pide pena de muerte para los delincuentes. Algo anda mal. Los grupos de derechos humanos estamos preocupados. El gobierno también debería estarlo. Porque sin pueblo que la comprenda y defienda, esta Constitución también podría ser letra muerta.

María Isabel Bertone
Coordinadora del Área de Educación
Provea

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