Diferentes opiniones sostienen que pese a todos los discursos y apariencias, el gobierno bolivariano responde a las mismas matrices culturales, políticas e ideológicas cimentadas en el país desde que la llamada Generación del 28 hizo su aparición pública. El impulso de un proyecto modernizador basado en la extracción de recursos minerales; el uso del bolivarianismo como mito fundacional; la tutela de las fuerzas armadas sobre las instituciones civiles; el culto a la personalidad caudillesca; y el despliegue de una amplia red de relaciones clientelares desde el Estado, serían algunas de las continuidades presentes en el proyecto del presidente Chávez respecto a sus predecesores. A estas características quisiéramos sumar y destacar una en particular, donde el actual poder ejecutivo repite el guión de los gobiernos de la llamada “Cuarta República”: la criminalización de la disidencia.
En un año temprano como 1945, un grupo de militares conjuntamente con miembros del incipiente partido Acción Democrática realizan un golpe de Estado contra el gobierno de Medina Angarita -período conocido como la “Revolución de Octubre”-, sus voceros políticos acusaban a cualquier disidencia como heredera del gomecismo y deudora del pasado. Sustentado ampliamente por los investigadores Nelly Arenas y Luis Gómez Calcaño, en su libro “Populismo Autoritario: Venezuela 1999-2005”, el discurso octubrista creó un antagonismo central a partir del cual todo lo que antecedía al hecho revolucionario era dañino, corrupto e indigno, realizando una separación tajante entre el presente y el pasado. De esta manera el imaginario, creado entre otros por Rómulo Betancourt, se nutría de la “lógica del antagonismo”, por lo que su proyecto enfrentaba al “oprobioso” régimen del pasado que había cedido a los designios del imperialismo. La Revolución de Octubre gobernó durante un trienio ejerciendo el poder de manera particularmente sectaria, desestimando a sus críticos con el adjetivo de “gomecistas”. Esta descalificación homogeneizaba la historia, trascendiendo al propio Gómez para prolongarse en López Contreras y Media Angarita. El pasado era uno y obscuro, los revolucionarios representaban la refundación de la república y sus críticos no tenían más pretensiones que la reinstauración del Benemérito. Pérez Jiménez da un golpe de estado y trece años después, con la vuelta de la democracia, nuevamente los críticos deslegitimados bajo la etiqueta de “perezjimenistas”.
La Guerra Fría, el desarrollo de las organizaciones de izquierda y su incorporación a la lucha armada, germinaron nuevas maneras de desprestigiar a sus oponentes por parte de los gobiernos democráticos en las décadas de los 70´s y los 80´s. Los revolucionarios y revolucionarias eran acusados de querer introducir ideas “extranjerizantes” que, según sus detractores, eran ajenas al sentir e identidad nacional. En este argumento, el pueblo era portador de una esencia amenazada de ser corrompida por la ideología de agentes al servicio de una potencia extranjera, en aquellos tiempos la Unión Soviética o China, pues Cuba era considerada un satélite de la primera. Diferentes voceros de Acción Democrática y Copei alertaban a la nación acerca del peligro representado por esta “quinta columna”. Toda la conflictividad social de la época era señalada como producto de la mecánica influencia de estos países y las organizaciones locales que representaban sus intereses: los partidos políticos de izquierda. Los ministros del interior no hacían distinciones entre, por ejemplo, el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), un sindicato en huelga y una protesta de vecinos en Guarenas por falta de agua. Las tres expresiones eran títeres manipulados por la larga mano de la subversión comunista internacional. Reiteradamente se “descubrían” planes conspirativos, complots y campañas de agitación a nivel nacional que habían sido diseñados en un escritorio en Moscú –o en Pekín-.
Valga la recapitulación anterior para comentar la actual campaña de desprestigio en contra de las organizaciones no gubernamentales del país. A través de diferentes voceros del Ejecutivo Nacional se ha venido criminalizando el trabajo de varios grupos defensores de derechos humanos y con especial saña en contra de Espacio Público, promotora de la libertad de expresión e información en el país. Reforzando aquella caracterización realizada por Domingo Alberto Rangel sobre los chavistas como “adecos extravagantes”, el gobierno bolivariano desempolva todas las estrategias de la Cuarta República para neutralizar a sus adversarios, empezando por la deshumanización que justifique su exterminio simbólico. Esta diferenciación de lo otro y lo diferente se realiza a través de diversos calificativos que, resignificados convenientemente, aglutinan todas las características del mal. A pesar que algunas son sencillamente risibles, como el spot televisivo de una persona que, resucitando la acusación adeca de quinta columna, “denuncia” en un español con claro acento norteamericano precisamente la injerencia de Estados Unidos, forman parte de una estrategia que intenta anular a los actores sociales no estatales, especialmente los que velan por el real cumplimiento de los derechos expresados en la constitución.
A pesar de todos los ataques en el pasado contra los defensores y defensoras de derechos humanos, los descalificativos no pudieron desestimular su trabajo y su apuesta por los excluidos y excluidas. Hoy, las diferentes iniciativas reafirmamos nuestro compromiso. No hay nada nuevo bajo el sol. Ni en la vocación por la justicia social y la libertad de un puñado de seres humanos, ni en las pretensiones de los gobiernos en silenciar a sus críticos y críticas. (Rafael Uzcátegui, Correo del Caroní, 13.09.10)
