Por Nelson Constant
El tema de la violencia escolar no es un fenómeno reciente. En nuestra época de estudiantes fuimos partícipes, testigos o víctimas de agresiones verbales o físicas, que no sólo provenían de nuestros compañeros y compañeras de clase, sino también de educadores o educadoras quienes, con el poder que consideran les proporciona la relación docente/estudiante, se sentían con el derecho de gritar, castigar y hasta maltratar físicamente.

Es más, existían padres o madres que autorizaban a él o a la docente para que reprimiera físicamente a sus hijos o hijas, si no cumplían con las actividades programadas por “la autoridad” del aula. De esa manera se ha venido funcionando en nuestras escuelas, desde tiempo inmemoriales, a pesar de los enfoques humanistas y de la iniciativa de superar la educación tradicional en las aulas.

Actualmente, observamos que el fenómeno de la violencia escolar se está agudizando; con preocupación leemos en la prensa nacional que la misma ya no sólo afecta a los y las estudiantes, sino a otras personas que hacen vida en el contexto escolar. Éste fenómeno trasciende las fronteras de nuestro país y se encuentra en países con diferentes niveles de desarrollo.

Muchas veces los y las docentes, el personal administrativo y obrero son objeto de agresiones de los y las estudiantes y, más recientemente, hasta de los y las representantes, quienes en muchas oportunidades pasan de las amenazas verbales a los hechos. La violencia escolar crece dentro de las escuelas, sin que las acciones tomadas por las autoridades con competencia en la materia educativa sean totalmente efectivas y oportunas para minimizar los factores que están incidiendo en esta situación.

Los y las docentes y la comunidad organizada (Asociación Civil de Madres, Padres, Representantes y responsables; los Consejos Comunales u otras formas de organización válidamente constituidas) deben activarse como actores sociales corresponsables de promover desde las escuelas una educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los Derechos Humanos, la no-violencia y la paz. Para ello se deben involucrar en el quehacer diario de la escuela, propiciando el diálogo y el entendimiento entre todos y todas -ya debemos entender que los y las docentes por sí solos y solas no han podido ni podrán resolver el problema de la violencia escolar-. Paralelamente, deben presionar al Estado para que cumpla con su rol de garante de una sociedad libre de violencia; es decir, no solamente debemos esperar a que las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Educación generen políticas para solventar esta realidad.

Es necesario y perentorio que convirtamos nuestras instituciones educativas, tanto públicas como privadas, en instrumentos de paz y entendimiento donde exista el respeto y la tolerancia por la diversidad entre las distintas personas que hacen vida en ellas. Si accionamos en este sentido, estaríamos colaborando en el rescate del rol de la escuela de educar para la vida, que busca desarrollar en los y las estudiantes capacidades, competencias y actitudes necesarias para una participación social activa, pero en paz.

Todos y todas, en especial los y las docentes, debemos contribuir a la concientización de todos los actores escolares -y los que habitan en los contextos donde se ubican las instituciones educativas- acerca de que es posible construir un mundo mejor, más justo y más humano, que permita que las personas tengan la misma oportunidad de desarrollar plenamente sus facultades en el seno de una sociedad democrática, libre, justa, responsable y en paz, como la deseamos. Esa toma de conciencia debería contener, entre otras cosas:
1.- La realización de jornadas para la sensibilización de la comunidad escolar y zonas adyacentes a las instituciones educativas.
2.- La incorporación de los Consejos Comunales como organizaciones válidas que pueden actuar como instancias de mediación en la resolución de los conflictos.
3.- La promoción del desarrollo de políticas institucionales de prevención, que eduquen y enseñen a los y las estudiantes a sustituir el enfrentamiento, la agresión y cualquier otra forma de violencia por el diálogo, la tolerancia, el respeto a las diferencias y la paz (la resolución pacífica de los conflictos).
4.- La educación relativa a los derechos humanos y la paz en el Proyecto Integral Comunitario (PEIC) de la institución y en los Proyectos de Aprendizajes (PPA), de parte de las y los docentes y, por ende, de las instituciones educativas.
5.-La promoción de mecanismos de seguridad escolar, como pueden ser el acompañamiento de madres, padres, representantes y responsables durante la jornada escolar y la figura del policía escolar, entre otras.
Todo ello sin dejar de exigir al Estado, como ciudadanos y ciudadanas proactivos y proactivas, que cumpla su rol de promotor y garante de la paz, no sólo en nuestras escuelas, sino en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

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