Con motivo de conmemorarse el 3 de mayo como día internacional de la libertad de prensa y expresión se han dado a conocer, no pocos pareceres sobre la salud de este derecho en Venezuela.
Sin ir muy lejos, los recientes informes de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la ONG Espacio Público permiten constatar, desde afuera y desde dentro del país, lo que puede considerarse un clima de deterioro pronunciado.
Hemos sostenido en este mismo espacio que las acciones oficiales en materia de libertad de expresión y, especialmente, el derecho ciudadano a estar informado, deben verse con nuevos anteojos.
Como puede verse en estos informes, el ejercicio de este derecho en nuestro país tiene un precio, que varía de acuerdo con las circunstancias de su ejercicio. Para muestra comentaremos un par de casos.
A mediados del mes de abril el ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Diego Arria, ofreció unas contundentes declaraciones públicas.
Cuestionó justamente la inexistencia de un marco para el ejercicio de la libertad de expresión, a propósito del caso de la detención de Oswaldo Álvarez Paz, como sinónimo del clima de intolerancia que se vive dentro de Venezuela.
A su juicio, con acciones de ese tipo resultaba difícil sostener que vivamos en Venezuela con un régimen de naturaleza democrática.
Las declaraciones tuvieron eco en diversas páginas web. A eso le siguió una más crítica entrevista con la revista Poder 360 en la que aseveró que el país vive «bajo la bota de un régimen militarizado y dictatorial que sepultó la democracia».
Hay, obviamente, dentro del campo opositor diversas lecturas sobre la naturaleza de este régimen, pero eso es harina de otro costal, fijemos la atención solamente en el hecho de que Arria dio su punto de vista, su opinión, sobre el gobierno.
El precio que ha debido pagar el ex embajador, por ejercer su derecho a expresarse, es que se le haya confiscado una finca, llamada «La Carolina», ubicada en las cercanías de Nirgua.
El Instituto Nacional de Tierras actuó sin que se sepa de un procedimiento previo, que le permita al afectado defenderse, y procedió a declarar como bien del Estado esta finca.
Quien haya transitado por la vía que lleva de Barquisimeto a Valencia habrá constatado que esta tierra está trabajada y que además ofrecía servicios al viajero.
Desde mi punto de vista, no puede desligarse la acción administrativa del Estado, que no deja recursos para la defensa, con las declaraciones previas de Arria.
El precio que debió pagar Diego Arria, por ejercer el derecho a la crítica pública, ha sido perder sus tierras. ¿Cuáles otras figuras públicas que tengan alguna propiedad susceptible de ser confiscada por el gobierno se atreverán a hacerle críticas al Ejecutivo?
Entretanto, este domingo, en el marco de las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se vivió otra restricción en un componente claro del derecho a la información.
Diversas decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han dejado en claro que la libertad de expresión es una moneda de dos caras, en una está el derecho de cada individuo a expresarse, en la otra está el derecho de cada sociedad a estar informada sobre los asuntos de interés público.
En esa misma línea, viene cobrando fuerza la aprobación en América Latina de leyes de acceso a la información pública, que básicamente obligan a los funcionarios a brindar información que se relevante o de interés de la ciudadanía.
Todos estos aspectos medulares de la libertad de expresión estaban en juego cuando la periodista Adriana Núñez le hizo, de forma impecable por cierto, tres preguntas al jefe de Estado.
Resumidamente la periodista del canal Televen le preguntó al presidente Chávez sobre el papel del parlamentarismo comunal, si éste sustituirá al rol de la Asamblea Nacional; le interrogó sobre la posibilidad de que se extienda al resto de la población un aumento salarial en la misma proporción que se le concedió a los efectivos de las Fuerzas Armadas, cuyos ingresos aumentarán en 40 por ciento mientras que para el resto de trabajadores sólo es de 15 por ciento; y, finalmente, inquirió la periodista sobre el rol de los ciudadanos cubanos dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela.
Las tres preguntas resultaban relevantes por el interés público de su temática, y periodísticamente se debía aprovechar la oportunidad de planteárselas directamente al jefe de Estado. Se trataba de una oportunidad de oro.
El presidente Chávez pretendió excusarse, inicialmente, en que no estaba allí como presidente de la República sino como presidente del PSUV, asunto que por cierto nos llevaría a otra discusión importante, pero rápidamente recurrió a la treta habitual: descalificar al mensajero para aniquilar el mensaje.
Sus señalamientos contra el canal Televen, por su naturaleza «golpista», de forma más que evidente tuvieron por objetivo desviar la atención de los asuntos medulares que habían sido planteados por la periodista.
En este caso no sólo se vio perjudicada la reportera, sino que en realidad el precio lo está pagando el conjunto de la sociedad en su derecho a estar informada sobre asuntos tan relevantes para la vida nacional.
¿Cuántos periodistas de medios independientes tendrán acceso al Presidente para hacerle preguntas relevantes?
Andrés Cañízalez
