Por César Marín

Amnistía Internacional lleva más de 10 años haciendo campañas por controles adecuados sobre las armas, municiones y su uso por parte de los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley. Durante estos años hemos detectado en nuestras investigaciones un número importante de coincidencias y patrones que posibilitan el descontrol de las armas y su terribles consecuencias.

Una de esas circunstancias recurrentes, y que dicho sea de paso, es de las más sencillas en controlar cuando se empieza a trabajar en políticas integrales de desarme es el poco control de las armas orgánicas, que es como denominamos a las armas tenidas por las policías y fuerzas armadas para las labores legítimas de mantenimiento de la seguridad de las personas por una parte, y la integridad de las naciones, por la otra.

Los principales responsables e interesados en controlar las armas deben ser los Estados, ya que son los garantes de todos los derechos humanos de todas las personas, y porque como en el caso venezolano, detentan el monopolio del uso legítimo de la fuerza.

La primera responsabilidad que tienen los Estados es la de determinar si es justo y necesario producir e importar la cantidad de armas y municiones que producen e importan. Es decir, controlar su ingreso al “circuito de uso”.

De acuerdo con los dato aportados recientemente por la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) y la División de Armamentos y Explosivos de la Fuerza Armada ante la Asamblea Nacional, se producen 30 millones de balas en Venezuela. El Comisionado de la Policía Nacional Bolivariana ha dicho públicamente que en el ámbito del trabajo de este cuerpo policial, han determinado que el 80% de las balas encontradas en escenas de crímenes, son las que produce CAVIM.

La gran mayoría de las municiones que matan a los venezolanos las producimos aquí. Esto no puede seguir ocurriendo, los poderes del Estado tienen la responsabilidad de determinar un número radicalmente menor de producción / importación de balas y armas que sólo traen dolor, y evitan el avance de la materialización de los derechos humanos de las venezolanas y venezolanos.

También el Estado debe cuidar que las armas y municiones lleguen a las manos de los que pueden operarlas, cuidando en especial la recepción, resguardo y uso adecuado por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Desde el momento de producción local o importación, todas las armas y municiones deben ser marcadas con la más alta tecnología y de una vez deben ingresar en un registro único, digitalizado y auditable. Todas las dependencias estatales que tengan armas y municiones asignadas deben ser objeto de controles frecuentes que certifiquen que sus depósitos cuenten con sistemas confiables de seguridad, contabilidad y control que eviten la sustracción ilegal de esas armas, y su posterior venta o alquiler para cometer delitos, y en el caso que esto ocurra, se pueda detectar certera y rápidamente a los responsables de tales desviaciones o usos inadecuados.

Estos controles ayudan además al fomento de la seguridad de los trabajadores de los sitios en los que se encuentran las armas y municiones así como de la población que vive cerca de tales sitios.

El Estado debe procurar que las políticas públicas en esta materia apunten a la disminución del número de armas circulantes; es decir, destruir rápida y eficazmente las armas y municiones que ya no son necesarias para el parque de policías o fuerza armada, que llamamos «excedentarias»; conjuntamente con todas las armas que han sido recuperadas por los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley o entregadas voluntariamente por los ciudadanos.

Una medida fundamental es garantizar el registro exhaustivo de esas armas que se destruirán, desde el momento en que se recuperan o se estima que deben destruirse. Tal registro debería estar en los mismos formatos descritos hace un rato para las armas que ingresan al circuito de uso: parte del registro único, digital y accesibles a auditorías; ya que esto ayuda a mejorar las políticas de control hacia futuro, y además certificar que tales armas no serán desviadas antes de ser destruidas.

Otra medida importante de protección es la de inutilizar las armas que van a destruirse inmediatamente después que se registren, en aras de dar más elementos de confianza y garantía que no reingresarán a la sociedad para hacer daño.

Finalmente, y en el interés de protección universal de los derechos de los pueblos. El Estado es responsable de las armas que vende o regala a otros países. Para ejercer con total responsabilidad tales actividades, debe limitarse a vender o donar tales armas y municiones únicamente a otros estados, exigiendo para cada caso la debida certificación de uso y usuarios finales, y negando tales transferencias si luego de una evaluación exhaustiva, caso por caso, determina que tales armas serán usadas para cometer violaciones sistemáticas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en los países de destino o sus adyacencias.

Tomado de Amnistía Internacional

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.