La Corte Interamericana de Derechos Humanos interpelará en el día de hoy al Estado venezolano sobre el caso de la masacre de El Amparo. Recordemos que el 29 de octubre de 1988 fueron asesinados por funcionarios policiales y militares 14 personas y el gobierno de la época afirmó que se había producido un enfrentamiento armado con un grupo guerrillero. Años después el Estado admitió que se había cometido una masacre razón por la cual la instancia internacional de protección de los derechos humanos le ordenó indemnizar a las víctimas e investigar y sancionar a los culpables. Las indemnizaciones se pagaron en un 95% durante el gobierno de Rafael Caldera y el 5% faltante durante el actual gobierno. Sin embargo, las investigaciones y sanciones a los responsables no se han realizado. Los gobiernos han favorecido la impunidad y algunos de los responsables materiales e intelectuales fueron designados en cargos importantes en el sector público.
La Corte Interamericana desde que dictó sentencia en 1995 viene exigiendo se adopten todas las medidas a su alcance para castigar a los culpables, requerimiento una y otra vez no cumplido. En los dos últimos años en más de quince oportunidades le exigió al gobierno que informara sobre el estado de las investigaciones, solicitudes que no fueron respondidas. Mientras tanto los asesinos continúan libres y los familiares y sobrevivientes esperan justicia.
Pero además de esta actitud negligente del Ejecutivo Nacional y otros poderes públicos hay un hecho que es necesario cuestionar y es trato no igualitario que dan a los familiares de las víctimas. En casos similares tales como la masacre de Cantaura y Yumare el Ministerio Público avanza en las investigaciones, consulta a familiares y sobrevivientes y los mantiene informados de las actuaciones que se realizan. Nada de ello ocurre con quienes tienen la misma esperanza de obtener justicia en el caso de El Amparo. El por qué de ese trato no igualitario y las razones por las cuales no se despliega el mismo empeño y capacidad del Estado venezolano para investigar la masacre de El Amparo son interrogantes que deberá contestar la representación gubernamental ante los magistrados del tribunal internacional.
Los avances logrados en los casos Cantaura y Yumare demuestran que el Estado venezolano si tiene capacidad para avanzar en la lucha contra la impunidad si se dispone de verdad a lograrlo. Reconocemos esa voluntad y sentimos satisfacción por tales resultados, sin embargo exigimos que no se instrumentalice la lucha contra la impunidad. Los responsables materiales e intelectuales deben ser castigados sea cual sea su inclinación política o condición social.
Marino Alvarado
Coordinador General de Provea
