Por Hisvet Fernández
La discriminación es una forma de violación de los derechos humanos y denota toda distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio sobre la base de la igualdad de las personas ante la ley (Art. 21 de la Crbv), de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquiera otra esfera.
En estos primeros meses del año a la ministra para la Salud, siendo mujer, se le han presentado dos situaciones importantes que han puesto a prueba su catadura ante hechos vinculados al respeto de derechos humanos, en particular de mujeres de nuestra sociedad.
Por un lado, ha tenido que asumir una posición ante el caso de Avesa y la eliminación del subsidio que ella misma ordenó. Subsidio que durante muchos años le ha sido otorgado a esta organización por la Asamblea Nacional en reconocimiento al trabajo, único en su estilo, que han realizado atendiendo integralmente y con la mayor pericia a las personas que viven situaciones de violencia sexual, en particular mujeres, que son la mayoría de las víctimas de este delito.
La ministra Sader ante este caso y ante el emplazamiento público que le han hecho Avesa y quienes le apoyan reclamando el subsidio, ha asumido “la política del silencio” o la de la avestruz. Evadiendo cualquier responsabilidad, callando con la cínica intención de vencer por agotamiento y desmoralización a quienes luchan por sus derechos. De la misma manera ha pretendido, la ministra Sader, resolver el caso de la lucha de las enfermeras y enfermeros venezolanos que se mantienen en huelga de hambre, que se han extraído sangre y se han cosido los labios como forma de lucha extrema por sus reivindicaciones por un salario justo. Ya incluso la enfermera Xiomara Vallenilla fue retirada de la huelga con problemas de arritmia cardíaca. ¿Será que tendrá que morir alguien para que la ministra vea esta realidad?
En ambos casos, se trata de mujeres, en su mayoría, que luchan por sus derechos, y cuyo reclamo tienen que hacer ante la ministra como funcionaria máxima de la Salud. Y en ambos casos la ministra viola los derechos humanos con su política del silencio y con la misma estrategia de enviar emisarias que jueguen con la confianza de las huelguistas o demandantes para seguir de una manera inescrupulosa obviando el justo reclamo de estas ciudadanas.
Podrá callar hoy la ministra, pero luego tendrá que dar cuentas porque la violación de los derechos humanos no prescribe, y su actitud está quedando registrada en nuestra memoria como colectivo de mujeres.
