La muerte de Franklin Brito fue el resultado de una manera prepotente, intolerante e intransigente de gobernar que se ejerce desde el Ejecutivo Nacional y se extiende a otros altos funcionarios del Estado. El lamentable desenlace de la larga y dura lucha librada por un humilde venezolano, se podía resolver con un poco de voluntad política para dialogar y buscar una salida digna a sus justos reclamos.

Hay que destacar, especialmente, la responsabilidad de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz. Por solicitud del Ministerio Público un juez penal ordenó el traslado forzoso de Franklin al Hospital Militar. Ella expresó, a través de diversos medios de comunicación, que la medida se había adoptado por la responsabilidad que tenía el Estado de garantizarle la vida al señor Brito. Sin embargo, lo que se le garantizó fue la muerte. Murió en un hospital bajo el control del Estado venezolano. La Fiscal fracasó y debería reflexionar en su actitud, incluso si debe continuar en su cargo. No olvidemos que se le negó a Brito la reiterada petición de ser trasladado a la Cruz Roja Internacional. En los momentos más críticos de su estado de salud se desplegó contra él toda la prepotencia del poder. La soberbia pudo más que la sensibilidad humana para evitar una muerte.

La Fiscal, además, violando la ley venezolana que tiene un procedimiento establecido para declarar la interdicción civil bajo responsabilidad de un juez, asumió la responsabilidad de declarar como mentalmente incapaz a Franklin Brito. Todo como parte de una estrategia diseñada para restar solidaridad popular a la huelga de hambre que desarrollaba y como una manera de justificar la indolencia con la cual se actuó.

La actitud asumida por los distintos poderes del Estado nos recordó la postura del gobierno de Margaret Thatcher en 1981 en Gran Bretaña, cuando cientos de presos políticos del Ejército Republicano Irlandés (IRA) se declararon en huelga de hambre, contando los huelguistas con amplio respaldo popular. La insensibilidad y prepotencia del gobierno británico condujeron, como resultado, a que 10 presos murieran. El clamor nacional e internacional para que las peticiones de los presos fuesen satisfechas no conmovió al gobierno. La muerte de un preso tras otro tampoco.

La huelga de hambre ha sido una forma de protesta asumida por los excluidos durante siglos. Es un recurso extremo mediante el cual se arriesga la salud y la vida para reclamar otros derechos. En América latina fue y es una de las maneras mediante las cuales los presos políticos y comunes alcanzan algunas mejoras en su situación carcelaria. La usaron los obreros bolivianos frente a la represión de las dictaduras. La usó en varias oportunidades el presidente Evo Morales liderando el movimiento de cocaleros y hace un año en su condición de Presidente de Bolivia para presionar al Congreso de su país. Actualmente la militante del PSUV Lilian Sanguino mantiene una huelga de hambre desde hace 22 días en la Asamblea Nacional. Ojalá frente a sus reclamos la actitud del gobierno y la Fiscal sea distinta.

Hoy, 3 de septiembre, un grupo de activistas sociales nos concentraremos en la Fiscalía de Parque Carabobo para recordar las omisiones de la Fiscalía, esta vez en el caso del sindicalista Rubén González, quien cumple un año privado de su libertad por apoyar una huelga. Están todos y todas invitadas.

Marino Alvarado
Coordinador General de Provea

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