La reciente decisión del Gobierno de los Estados Unidos (EEUU) de aplicar sanciones a siete empresas extranjeras, entre ellas, Petróleos de Venezuela, por mantener relaciones comerciales con Irán, revive en el derecho internacional la discusión sobre el respeto a la libre determinación de los pueblos, es decir, la no intervención de una nación en los asuntos de otras.
Ese principio fundamental, establecido en el artículo I de la Carta de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), ratificado en la Carta de la Organización de los estados Americanos y ampliamente desarrollado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales, contempla que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación, y para el logro de sus fines pueden disponer soberanamente de sus riquezas y recursos naturales.
Desde el nacimiento de la ONU, en 1945, EEUU ha violado reiteradamente los principios establecidos en el acta constitutiva de dicho organismo, para hacer prevalecer en el mundo sus intereses y, de esa forma, irrespetar las reglas que garantizan la paz mundial.
El descaro del Gobierno estadounidense llega al punto de pretender imponer al resto del mundo normativas ajenas a los tratados o acuerdos internacionales, tales como la denominada Ley Integral de Sanciones, Responsabilidad y Desinversión (1996), la cual amplía el alcance del citado instrumento legal a Irán con el fin de impedir a ese país adquirir una capacidad para presuntamente desarrollar un arma nuclear.
Independientemente de las motivaciones del Gobierno de esa nación, Venezuela vuelve hoy a ser blanco de los intereses mezquinos de un país que pretende detener nuestra influencia geopolítica y protagonismo en un mundo que cada día avanza hacia un orden multipolar y que se opone a los viejos manejos de intervencionismo y la supremacía del poder de naciones como EEUU.
El preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela deja claro que nuestra patria promueve la operación pacífica entre las naciones e impulsa y consolida la integración latinoamericana de acuerdo con los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, los cuales son irrevocables y no pueden ni podrá estado alguno pretender que la patria de Simón Bolívar actúe en contravención a ellos.(MP;27.05.2011)
