El escándalo producido por el gobierno revolucionario al dejar podrir más de 100 millones de kilogramos de alimentos importados, evidencia que en Venezuela existe un desbalance pernicioso de poder entre el Estado-Gobierno que cada día concentra una mayor capacidad para ejercer control y dominio sobre la sociedad; y el poder de los ciudadanos despojados cada vez más de medios efectivos para controlar las acciones del gobierno. Este desbalance a favor del gobierno constituye un incentivo perverso que propicia un uso ineficiente del dinero público y un manejo reñido con la honestidad y la ética.
En efecto, mientras el gobierno lleva once años montando todo un aparataje “legal”, institucional y represivo aprobando leyes como la Ley Resorte o mordaza, la de Indepabis, el nuevo código penal, ley de tierras y la de Comunas, las cuales sumadas al control de precios y de cambio, le permiten al gobierno ejercer un control férreo sobre la sociedad en lo político, económico y social, violando y restringiendo cada vez más la libertad y los derechos de los ciudadanos en todos sus ámbitos: libertad de pensamiento, expresión y de información, libertad económica y sindical, derecho de propiedad y de protesta, libertad para elegir donde trabajar, qué consumir, y libertad para viajar; la sociedad civil carece de instituciones y mecanismos efectivos para controlar la gestión y las acciones del gobierno debido a la falta de independencia de los poderes públicos: Asamblea Nacional, TSJ, Fiscalía y Contraloría General de la República.
El Gobierno actúa a sus anchas
La historia demuestra que cuando no existe contrapeso de poder el gobierno puede derivar en una tiranía controlando y sometiendo a los ciudadanos, pues el gobernante asume que puede actuar a sus anchas consciente de que el uso de los fondos públicos y sus acciones no serán objeto de ningún tipo de control institucional; y cuando además tiene una inspiración ideológica autoritaria como el gobierno actual que lo impulsa a concentrar el poder político y económico, la tendencia es hacia un manejo del poder sin transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos, lo que crea las condiciones para que se actué en función de los intereses particulares de la elite en el poder y en contra de los intereses del bienestar colectivo.
Esta es una de las principales razones que explica porque el gobierno no ejecutó oportunamente las inversiones que tenía que realizar en el sector eléctrico nacional, y porqué los responsables de la crisis no fueron interpelados por la Asamblea Nacional y destituidos de sus cargos por el daño ocasionado al país; por qué ante tantos escándalos de corrupción denunciados ante la Fiscalía General de la República, aún no hay castigo ejemplar para los responsables de los mismos. En el caso de los alimentos dejados podrir por PDVAL, resulta ofensivo al reclamo de justicia de los venezolanos la negativa por parte de la Asamblea Nacional de hacer un debate abierto de cara al país sobre las causas y los responsables de semejante desastre alimentario, así como también resulta escandaloso el silencio y la invisibilidad de la Contraloría General, muy diligente en inhabilitar políticamente a los opositores o disidentes del régimen.
Podríamos hacer una lista interminable de casos donde la constante ha sido la falta de transparencia y de rendición de cuenta por parte del gobierno en el uso de los dineros públicos y en la ejecución de obras, proyectos y/o programas públicos, así como la respectiva falta de control institucional sobre el gobierno. A título ilustrativo, los venezolanos no sabemos cuánto y cómo se ha gastado en las Misiones, cuánto y cómo han sido utilizados los cuantiosos recursos recibidos por el FONDEN (más de 30 mil millones de dólares) por transferencia de reservas internacionales efectuadas por el BCV; qué está haciendo PDVSA con las divisas que no entrega al BCV; cuánto le está costando a los venezolanos la expropiación de tierras y de empresas privadas cuyo pago tendría que ser honrado; cuántos recursos se están perdiendo en empresas estatizadas que permanecen cerradas o produciendo por debajo de su capacidad productiva, como los casos de Sidor, Tavsa, Centrales azucareros, Empresas de Cemento, entre muchos otros.
En esta dinámica torcida de ejercicio del poder, nadie puede esperar, sensatamente, que si los poderes públicos no cumplen con el mandato constitucional de controlar las actuaciones del gobierno, éste por voluntad propia lo va a hacer. El hecho que ninguno de los entes públicos involucrados en la importación de los alimentos podridos: PDVSA, Pdval, Bariven, Ministerio de Salud, Ministerio de Alimentación, CADIVI, SENIAT, BOLIPUERTOS, Ministerio de Obras, haya supervisado dicha importación y el destino de los alimentos, demuestra que la política de control es para aplicarla a los ciudadanos comunes y corrientes y a las empresas privadas como la Polar, cuyas actividades son permanentemente controladas por el gobierno.
La enseñanza es muy clara: todo gobierno debe ser controlado por poderes públicos independientes que hagan valer el imperio de la ley. El Estado-Gobierno no puede ser árbitro y jugador a la vez. Por eso es necesario que la nueva Asamblea Nacional sea un poder plural, democrático, y al servicio de los ciudadanos.
Econ. Isaac Mencía
Publicado en conflictove.wordpress.com
