Venezuela es miembro de la Organización de Naciones Unidas, la cual entre sus diferentes acuerdos, ha establecido en su Declaración de Defensores de Derechos Humanos, aprobada en 1998, el derecho de toda persona, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esta garantía no había sido expresada como tal, anteriormente, en ninguna otra norma sobre derechos humanos.

Lo anterior sirve para contextualizar, en principio, las recientes declaraciones de los miembros del denominado «Movimiento por el Periodismo Necesario» (MPN), suscritas posteriormente por el presidente de la República, acerca de la necesidad de «investigar a fondo» el financiamiento recibido por las Organizaciones No Gubernamentales venezolanas, debido a que dicho dinero es utilizado para fines desestabilizadores y «apátridas», según el MPN. Las aseveraciones tienen como fundamento el trabajo de difusión de la abogada Eva Golinger de los documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano, donde presuntamente se demostraría que buena parte de la sociedad civil venezolana es teledirigida desde las entrañas del imperio.

En el caso particular de Provea debemos destacar que recibimos cooperación internacional desde nuestro origen, hace 21 años. Como el resto de las ONG’s en el mundo, funcionar con recursos no estatales ha sido un aval de independencia frente al Poder Ejecutivo del país, de allí el adjetivo de «no gubernamentales». El tema del financiamiento no es un asunto secundario, pues el recibir fondos del Estado erosiona la autonomía y beligerancia de las organizaciones populares.

Provea siempre ha difundido sus fuentes de cooperación, entre las que se han contado la Fundación Ford (la misma que financia al Foro Social Mundial) y la Unión Europea, y que actualmente pueden conocerse en su sitio web. Por razones de principios, Provea no ha recibido en 21 años recursos de la Embajada de Estados Unidos o de los órganos de gobierno norteamericano, ni tampoco donaciones de empresas involucradas en graves violaciones a los derechos humanos en otros países, como podría ser el caso de Coca-Cola y los sindicalistas colombianos. Estos criterios no se decidieron en 1998, sino en el año 1988 cuando se dieron los primeros pasos de la organización. Desde ese tiempo, hasta hoy, el dinero ha servido para lo mismo: la promoción y lucha por la vigencia de los derechos humanos de todas y todos; reclamando y proponiendo políticas para fortalecer la democracia; parcializados con las víctimas y sus familiares acompañándolos en su exigencia de justicia. El trabajo de tanto tiempo ha sido posible por la cooperación internacional, auditado permanentemente y sus montos informados tanto al Banco Central como al Seniat.

Este financiamiento ha permitido a Provea contar con un equipo multidisciplinario que entre muchas acciones y actividades no vaciló en atender a los militares presos y a sus familiares en los intentos de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 y 27 de noviembre, entre ellos al actual Presidente Hugo Chávez, quien al año siguiente de su elección reconoció el apoyo de Provea en un discurso. Con ese mismo dinero también se solicitaron medidas cautelares a favor de Tarek Willian Saab en el golpe de Estado de abril del 2002, asesorando y velando por los derechos humanos de los funcionarios perseguidos por el breve gobierno de Pedro Carmona. Esos recursos también permitieron la introducción de una acción de amparo, en 1998, para defender el derecho a la educación universitaria gratuita en la Universidad Simón Bolívar. Los proyectos financiados por los cooperantes lograron, mediante una acción de amparo, la desclasificación del expediente de la Masacre de Yumare, primer paso para las acciones jurídicas posteriores a favor de las víctimas; la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de una acción a favor de más de 1.300 jubilados de la Cantv y el logro, mediante una acción de protección, que se mejorara la unidad de terapia intensiva del Hospital JM de los Ríos para atender niños con cardiopatía. El apoyo financiero también hizo posible el trabajo, junto a otras ONG’s que hoy también se criminalizan, para presentar una propuesta de Capítulo de derechos humanos a la Asamblea Constituyente de 1999, de la cual hoy nos beneficiamos todos y todas en el país. El dinero proveniente de la cooperación ha permitido que cientos de personas de escasos recursos hayan contado con asesoría jurídica gratuita y que nuestras publicaciones hayan sido usadas por cientos de organizaciones sociales, académicos y funcionarios y funcionarias.

El tono de las acusaciones contra las ONG’s de derechos humanos ni siquiera fueron realizadas en los gobiernos de la llamada «Cuarta República». Con mucho gusto atenderemos a los amigos del MPU o la propia Eva Golinger si desean acercarse a la oficina de Provea para investigar, en el sitio, el origen y destino de los recursos recibidos. Tómenlo como una sugerencia metodológica, el incorporar elementos de investigación «en el campo» aumentaría el rigor de su investigación, y así dejaría de estar fundamentada únicamente en documentos de Internet, o en el llamado «periodismo Google».

Rafael Uzcátegui
Coordinador del Área de Investigación de Provea
https://archivo.provea.org
investigación@derechos.org.ve

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