Tuve la oportunidad de asistir a la presentación que en Caracas realizó días atrás el Observatorio Venezolano de Prisiones, sobre el Portafolio de Propuestas Penitenciarias. Una publicación de 175 páginas con un diagnóstico muy objetivo de la actual situación de las cárceles y del sistema de justicia en el país. Pero lo más importante del portafolio es que presenta más de 200 propuestas para mejorar todo lo relacionado con las condiciones en que hoy se encuentran las personas privadas de libertad. Desde el retardo procesal, la violencia carcelaria, el hacinamiento, la atención en materia de salud, la promoción de actividades educativas y recreativas, la mejora de la infraestructura carcelaria. Culmina la publicación con una fundamentación muy precisa de las razones por las cuales el gobierno debe cumplir con el mandato del artículo 272 de la Constitución que establece la descentralización en la gestión penitenciaria, indicando que debe estar bajo la responsabilidad de gobernaciones y municipios.
El portafolio es realmente una sistematización del trabajo que desde el año 2002 viene realizando esta importante organización de derechos humanos. Desde que surgió el observatorio no se ha limitado solo a realizar diagnósticos y denunciar las graves violaciones a los derechos humanos que a diario se cometen en las prisiones y comisarias. El observatorio acompaña a los familiares y poco a poco fue construyendo un conjunto de propuestas, algunas generales otras muy específicas, pero que en conjunto definen una ruta de cómo transformar en positivo la situación penitenciaria del país. Muchas de esas propuestas se han difundido y presentado al gobierno en distintas ocasiones.
Su director, Humberto Prado, y el equipo de trabajo que durante años viene laborando, tienen muy claro que como organización no gubernamental deben contribuir con propuestas a mejorar la situación de los privados de libertad.
El Ministerio de Asuntos Penitenciarios, la Fiscalía y la Defensoría tienen en el portafolio una guía para la acción. Hay medidas que solo requieren de voluntad política. Otras requieren planificación y presupuesto. La descentralización, por ejemplo, solo necesita la voluntad de iniciarla. Igualmente la contratación de penitenciaristas que han egresado de centros académicos venezolanos y tienen la preparación para contribuir a una mejor gestión de los presidios. Mejorar la infraestructura, la atención de salud, y garantizar trabajo a los reclusos, por ejemplo, requieren planificación y presupuesto, pero pueden implementarse en mediano plazo.
De nuevo una organización no gubernamental presenta propuestas para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, esta vez en cuanto a mejorar la situación de las personas privadas de libertad.
Una política que se oriente a garantizar más seguridad ciudadana en la población, debe incluir dignificar a los privados de libertad para que se reincorporen a la sociedad aportando sus capacidades y talento para el desarrollo del país.
Si se abrieran espacios para el diálogo y trabajo mancomunado de instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales que promueven y defienden los derechos humanos, muchos déficit hoy existentes pudieran superarse, entre ellos la actual situación penitenciaria.
