Luego de la muerte de Franklin Brito el pasado lunes en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Militar de Caracas, Carlos Arvelo, a consecuencia de su deterioro físico por un prolongado ayuno voluntario, los medios nacionales e internacionales se han dedicado a reproducir una serie de mentiras sobre su caso para desacreditar al gobierno venezolano y plegarse a la campaña de la oposición a los comicios parlamentarios del próximo 26 de septiembre. (Prensa Minci, 01.09.10)
La primera mentira es que el gobierno nacional “expropió” al productor agropecuario y por esa razón, Brito procedió a iniciar su huelga de hambre.
“Hace siete años, la «revolución campesina» de Chávez confiscó las tierras de Franklin Brito en el estado de Bolívar (sur del país), argumentando que sus títulos de propiedad sobre 300 hectáreas no eran legales”, reza una nota publicada este martes por El Mundo de España.
Sin embargo, la verdad es que Brito no era propietario legítimo de los terrenos que decía poseer y fue en el 2003 cuando el gobierno Bolivariano le entregó al agricultor la titularidad de 290,20 hectáreas productivas del fundo La Iguaraya.
Cierto: Brito no fue expropiado. A Brito el propio Estado venezolano le vendió su fundo. Anexo copia de Título Definitivo Oneroso. Lo que pasó fue que el INTI le otorgó Cartas Agrarias a vecinos de Brito, sobre su fundo, en específico, sobre la parte por dónde él podía acceder al fundo, ya que en su gran mayoría se trataba de terrenos montañosos.
Con esa acción se lo privó de la posesión legítima y pacífica del fundo. Ya no pudo seguirlo explotando y los vecinos, por ser dueños de ganado, hicieron que el ganado pisoteara todas sus cosechas, con lo cual se le dañó gravemente. Cuando Brito quería entrar, le disparaban. Y era imposible porque habían colocado cercas de púa y madera, como se evidencia de Inspección Judicial que Brito promovió. Anexa.
Esto no lo explica el Gobierno y menos que Brito sólo supo de la existencia de las Cartas Agrarias después de algunos meses ya que al principio creyó que se trataba de meras invasiones de hecho (sin títulos). Tampoco se dice desde el Gobierno que Brito denunció que el otorgamiento de Cartas Agrarias que se extendían por su fundo fue una acción dolosa de “desviación de poder” de parte del INTI, en complicidad con el Alcalde del Municipio Sucre del Estado Bolívar, de entonces, Juan Carlos Figarella (sobrino del llamado “Zar de Guayana”, adeco, si no me equivoco), por retaliación contra Brito ya que Brito se opuso a un proyecto de ese Alcalde de acabar con una enfermedad del ñame de la zona, a punta de pesticidas, mientras que Bruto insistió en que se solucionara el problema con la siembra de una especie resistente esa enfermedad (que causa un hongo). Brito consiguió que el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas del Estado Barinas (ente oficial), acogiera su propuesta. Anexo un informe en el que se basó Brito para impedir el empleo de pesticidas altamente contaminantes (y bien costosos. Brito me dijo que el proyecto del Alcalde costaba al rededor de BsF. 1.000.000,00, en el año 2002) para “solucionar” el problema del ñame.
La segunda falsedad es que los requerimientos de Brito «nunca fueron atendidos por el gobierno de Hugo Chávez», tal como asegura el grupo español ABC. Cada una de los reclamos que hizo el productor agropecuario recibió respuesta de las instituciones del Estado venezolano.
En 2003, cuando Brito inició su primera huelga de hambre para denunciar la supuesta invasión de sus terrenos, una comisión del Instituo Nacional de Tierras (INTI) acudió a sus predios para practicar una inspección en la que fue descartada el solapamiento.
Esa es la prueba del gobierno. La prueba que tiene Brito no se menciona en los comunicados oficiales. Brito preconstituyó una prueba a su favor, porque iba a intentar (como en efecto lo hizo) acciones judiciales contra el Estado por la existencia de las Cartas Agrarias. La inspección judicial de Brito, dice textualmente.
“(…) que al decir del práctico nombrado para tal fin (…) demuestra que existe un área invadida de veinticuatro hectárea (24 has) aproximadamente que se encuentra cercada con 2.600 mts aproximadamente con alambres de púa y estantes de madera (…)
El Tribunal deja expresa constancia de que la única vía de penetración a la parcela objeto de esta Inspección se encuentra cerrada con estantes de madera y alambres de púa que demarcan un lindero lineal sin entrada alguna. acceso (…)”,
Como si eso fuera poco, hay una sentencia del TSJ, Sala Constitucional, del 07-03-2007, donde se “resolvió” su caso (declarándolo inadmisible por artilugios procesales), que dice, textualmente, lo siguiente:
“(…) Se exhorta a las autoridades agrarias competentes, a través del Instituto Nacional de Tierras, a que tomen las medidas necesarias para la definitiva resolución del problema que ha causado al quejoso el otorgamiento de Cartas Agrarias respecto de terrenos colindantes con el suyo, específicamente la pérdida de la vía de acceso al mismo.
No hay condenatoria en costas (…)”. Anexo sentencia. Y hasta ayer podía consultarse en la web www.tsj.gov.ve.
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/marzo/386-070307-06-1721.htm
En 2005, el INTI ratificó la propiedad privada de Brito al otorgarle el registro agrario correspondiente y verificó nuevamente que no existiera solapamiento alguno con los documentos de sus vecinos.
Falso: El INTI no otorgó ni ratificó nada. El Título Definitivo Oneroso se otorgó a Franklin Brito el Estado, a través del antiguo INAM, en 1999 porque Brito pagó su fundo. Ya expliqué que claro que hubo solapamiento y por eso el TSJ lo afirmó, movido seguramente por remordimientos de conciencia, a pesar de haber dicho que el caso no se podía “oir”. De hecho, la denuncia de Brito ante la Comisión de Derechos Humanos es por violación del derecho a acceder a la justicia, a recibir oportunas respuestas y al debido proceso. Anexo texto de su denuncia.
No obstante, Brito apeló ante las instancias judiciales pero su requerimiento fue declarado sin lugar al comprobarse que disfrutaba plenamente de las garantías de propiedad de sus tierras.
Falso: No gozó de garantías pues todas las instancias contaron los lapsos procesales a partir de la fecha de las Cartas Agrarias cuando Brito alegó expresamente no haber tendido conocimiento de la existencia de las mismas sino meses después. Además –y lo sabemos bien los abogados- los lapos de caducidad para intentar acciones judiciales no prejuzgan sobre el fondo, es decir, sobre si hubo o no soleamiento. Y el INTI tiene la facultad legal para revocar sus actos dictados contrarios a derecho o con errores materiales, por lo que se llama la “auto tutela administrativa”. Por eso, no es que el TSJ se trastornó al “instar” al INTI revocar las Cartas Agrarias. El INTI siempre lo pudo haber hecho.
La respuesta del productor agropecuario a la decisión de la justicia venezolana fue mutilarse un dedo ante las cámaras de televisión.
Al año siguiente [2006], Brito introdujo un recurso ante un juzgado superior que fue declarado inadmisible. Se designó al Presidente del INTI, Juan Carlos Loyo, para que atendiera el caso y al poco tiempo se le abrieron nuevos caminos de acceso a su finca para evitar las disputas con los vecinos, y se acordó el mejoramiento de cercas, alcantarillado, entre otros beneficios a las tierras de su propiedad.
Ver comentarios que anteceden.
En 2007, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, conoció el caso y comprobó que “no existían los elementos alegados por el ciudadano (…) en cuanto al solapamiento de tierras y violación de propiedad”.
Falso: Leer final de la sentencia del TSJ, del 07-03-2007.
En 2008, ante una nueva huelga de hambre y la inminencia de su muerte, el gobierno bolivariano envía al presidente del INTI a prestarle asistencia a Brito para atender el llamado de revocatoria a los títulos de propiedad a sus vecinos.
Ese mismo año el Gobierno nacional decidió otorgar de manera gratuita un tractor y una rastra, reparó su vehículo, donó insumos agrícolas y deforestó 40 hectáreas de sus tierras.
Justamente por cuanto Brito se negaba a recibir objetos y dinero “de manera gratuita”, fue que murió. El quería que se investigara todo el entramado de complicidades que se dieron en su caso pero, desafortunadamente, el poder demostró que sigue siendo más fuerte que los ciudadanos. Esta fue la realidad que llevó a Brito a protestar hasta que se le agotó la vida. Brito citaba siempre a este personaje:
“Los seres humanos nacen libres e iguales. La esclavitud y la desigualdad, en todo el mundo, no se deben, jamás, a que los gobernantes sean demasiado poderosos o imponentes, sino a que los gobernados se rinden”. Liu Xiaobo
De manera que está claro, para quien quiera ver toda la verdad, lo cierto es que a Brito lo que lo animó fue una inmensa frustración, al verse reducido a nada por el poder político. Por eso apelaba a Chávez, sabiendo que Chávez, como superior jerárquico de todos los que lo había maltratado, podía ponerles coto. Por qué no lo hizo, es un misterio.
A esas alturas, a pesar de que el Gobierno venezolano había atendido a todas sus solicitudes, Brito inició su tercer ayuno voluntario en agosto de 2009 a las puertas de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La tercera mentira es que Brito fue “secuestrado” por los organismos del Estado, según declaraciones de sectores opositores representados por prófugos de la justicia como Oscar Pérez. El supuesto “secuestro” fue una medida que tomó el Ministerio Público para garantizar la vida del agricultor, quien seguía con su severo ayuno aunque el Gobierno Bolivariano -por razones humanitarias- ya había revocado las cartas agrarias de sus vecinos.
Dejando a un lado el “pequeño” detalle de que si uno ha cometido un delito, no tiene ningún Juez Penal competencia sobre uno, ni tampoco la Fiscalía competencia para solicitar ninguna reclusión, bajo el pretexto que sea, resulta ser que el Gobierno no cuenta la historia completa. Para empezar, el Tribunal de la causa del “Amparo”, para poder recluir a Brito sin oírlo ni a él ni a ningún familiar suyo, aplicó una norma de la Ley de Amparo y Garantías Constitucionales (Artículo 22), que había sido declara inconstitucional hacía 13 años, porque justamente, violaba el derecho a la defensa del supuesto “agraviante” (Brito era, en ese caso, agraviado y agraviante a la vez, cosa que también es absurdo).
Esa incompetencia del Tribunal, la alegó PROVEA (no Oscar Pérez, sino una ONG defensora de DDHH) cuando apeló ante la Corte de Apelaciones. Pero ésta “se lavó las manos”, diciendo que PROVEA “había apelado contra el auto de admisión y no contra una sentencia”. Resulta que PROVEA apeló la medida de reclusión y no hubo en este caso auto de admisión como tal sino una sentencia que aplicó una medida cautelar, de una. Anexo copias.
Pese todo ello, Brito llegó a un acuerdo con el Director del Hospital Militar. Dr. Earle Siso y se dejó alimentar hasta adquirió talla y peso normales para su edad, con la promesa de Siso de darlo de alta. El Dr. Earle Siso en efecto cumplió y dio de alta médica a Brito, el 01-03-2010 (anexo oficio comunicando alta médica al Tribunal). Pero el Tribunal de la causa, a cargo de Lenin Fernández Duarte, se negó a aceptar esa alta médica (que incluía el aspecto psiquiátrico ya que los informes de Medicatura Forense fueron favorables a Franklin Brito) y ordenó que Brito permaneciera recluido, supuestamente hasta que fuese evaluado y tratado psicológicamente. Y ahora, a pesar de que ni fue tratado médica ni menos psicológicamente, la Fiscal pretende inculpar a Elena de Brito y su hija Angela, de “inducción al suicidio”. ¿Qué tipo de tratamiento psicológico se le dio a Franklin, entonces, si ellas supuestamente lograron inducirlo al suicidio? ¿No sería al revés, que se le aisló con el objeto de hacerlo desistir de una huelga legítima?
A finales de 2009, se emitió la medida de amparo mediante la cual se trasladó a Brito hasta el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en el que recibió los cuidados necesarios para mantenerse con vida a pesar de su decisión de no ingerir ningún tipo de alimentos.
La acción fue reconocida y aplaudida por organismos internacionales como Naciones Unidas, la Cruz Roja , La Media Luna Roja, la Organización de Estados Americanos, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyos representantes asistieron en el mes de junio a una reunión en Caracas con el Vicepresidente Ejecutivo de la República , Elías Jaua, y el canciller venezolano, Nicolás Maduro, para conocer el estado de salud de Brito.
«Nunca había visto a un Estado tan preocupado por la defensa de los derechos de un solo hombre como ha sido con el caso de Franklin Brito», fue la consideración que hizo el coordinador residente de Naciones Unidas en Venezuela, Alfredo Missair, al salir del encuentro con Jaua y Maduro.
Sobre lo que dijeron los referidos organismos no puedo opinar pues no sé dónde podríamos leer esos “informes” tan elogiosos. Lo que sí puedo es anexar el Oficio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA , donde se ordena al Estado venezolano que dejara que Franklin Brito fuese asistido por un médico de su confianza, durante el proceso de huelga, o en su defecto, por alguien de la Cruz Roja. Y resultó que Franklin Brito tuvo que hacer una huelga de sed de 6 días para (hecho público comunicacional) y decenas de personas tuvimos que movilizarnos para que por fin el Gobierno dejara entrar al Hospital Militar a la Cruz Roja. De hecho, en esa ocasión el Gobierno ni siquiera le permitió la entrada aun representante de la OEA ni al cura católico que quiso ver a Brito.
Sin embargo, durante la jornada de este martes, los medios locales como El Nacional y El Universal, dan mayor espacio a noticias de voceros de la oposición que intentan atribuir la responsabilidad de la muerte de Brito al Estado venezolano, como otra bandera de su campaña electoral.
Es así como se leen titulares como «Brito fue víctima de las políticas agrarias del Gobierno»; «A Franklin Brito se le garantizó su muerte»; «Estado privó a Franklin Brito ilegalmente de su libertad» o «Muerte de Brito refleja inacción del Estado en DDHH».
Fuente: http://avn.info.ve/node/14642
Aunque algunos medios aún no comprenden cuál fue el problema de Brito (no hubo expropiación ni confiscación, como tanto él, como yo lo expusimos mil veces), lo cierto es que las Cartas Agrarias que otorgó el INTI permitieron a terceros apropiarse de parte de su fundo, la parte más importante ya que era la que le permitía a él el acceso al fundo. Además, el Estado se atribuyó la guarda de Brito para preservarle la vida, y el Poder Judicial lo mantuvo cautivo pese que los médicos garantizaban su perfecto estado de salud, física y mental, siendo el resultado de tal reclusión forzosa el más nefasto y no querido por nadie, ni Brito: su muerte.
La solución de este caso habría sido que la revocatoria de las Cartas Agrarias, por las razones correctas. Porque es cierto que el INTI procedió a revocar las Cartas, un día antes de que llegara a la sede de la OEA en Caracas una Comisión Ad Hoc que venia a evaluar el estado de los estudiantes en huelga de hambre, ubicados frente a su sede, al lado de Brito. La media noche del 3 de diciembre de 2010 a Brito el INTI le “Notificó” que le había revocado las Cartas Agrarias (no le mostró la revocatoria como tal). Dada la noticia, Brito a levantó su huelga de hambre de entonces, muy feliz por cierto. Pero la “justificación” que después vio que el INTI había dado a tal revocatoria, lo llenó de indignación pues fueron supuestas “razones humanitarias” (como si Brito fuese un loco). Brito, desde el principio, quiso que el Gobierno reconciera sus errores, y no lo tratara como un débil mental. Para hacer eso, al INTI le habría bastado copiar el párrafo de la sentencia del TSJ ya citada, en el texto de esa revocatoria. Por el contrario, lo que el INTI hizo fue una cantinflada, al argumentar que revocaba las Cartas “por errores en las poligonales de los vecinos” de Brito, pero que no había solapamiento. ¿Quién puede creer que después de tanto ir y venir en esta reclamación, resultó que en efecto las Cartas Agrarias tenían unos errores de poligonales, pero que no afectaban al fundo de Brito?.
Por lo demás, el INTI había mandado a abrirle la entrada al fundo de Brito, con retroexcavadora y colocación de asfalto etc., como reconoce en el comunicado de prensa del 4-12-2009. Si nadie había interferido u ocupado ese espacio ¿por qué hubo que re-abrirlo?
El remitido del INTI a la AVN del 5-12-2009, dice:
“(…) En diciembre del 2006, el INTI llevó a cabo los trabajos y financió los mismos en las tierras asignadas al Sr. Brito, los cuales consistieron en:
*Reconocer servidumbre de paso al Sr. Brito, abriendo un paso principal del fundo La Iguaraya e instando a los vecinos del fundo a cumplir con lo decidido por el INTI.
*Construcción de una manga que distinguía la servidumbre de paso.
*Ampliación de la entrada principal del fundo con pases de rastra de tractor y colocándose de nuevo la cerca con botalones y pelos de alambre. Se realizaron labores de instalación y mejoramiento de cercas y estantillos. (…)”
Si nunca hubo daños al acceso al fundo de Brito. ¿Por qué hizo todos esos trabajos el INTI?.
Es obvio que cuando la gente sólo quiere escuchar a una parte de la historia, comete graves errores de juicio, que lo llevan a erguirse en estandartes de moral y cristiandad, cuando más bien está siendo cómplice de los verdugos. Por eso la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que el derecho a la defensa es inviolable en todo estado y grado de la causa (Artículo 49). Para que a los verdugos no les sea tan fácil salirse con la suya y más, con laureles de honestidad.
Por eso el Gobierno impone su hegemonía comunicacional y no permite que uno exponga estos hechos, con los documentos que los soportan, en VTV.
Los verdaderos “suicidas” son los que le están consistiendo tanta vagabundería a este Gobierno de corruptos inhumanos, con comunicados que irresponsablemente envían a otros, sin haber oído a la otra parte.
«Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad… Haga circular esta información».
Adriana Vigilanza García
Milagros López Bentacourt
