A pesar de que todas las encuestas, públicas y privadas, coinciden que la inseguridad es el principal problema para los venezolanos y venezolanas, tanto las autoridades como la propia ciudadanía no parecen motivadas a enfrentar el problema con toda la seriedad que amerita, o a desarrollar mecanismos de exigibilidad y presión para revertir dicha situación. Las posibles razones son múltiples, como la polarización que ha electoralizado de manera permanente las agendas de discusión, pero la causa que deseamos destacar ahora es la falta de un discurso responsable que intente comprender su complejidad y que genere propuestas que trasciendan el mero aspecto represivo y restrictivo de derechos.

El monitoreo de medios realizado por Provea parece demostrar, en este sentido, que las opiniones oficiales sobre el problema se decantan en dos direcciones. La primera que es un asunto de “sensaciones” de angustia y zozobra por parte de la gente de a pié, amplificadas por los medios de comunicación con fines inconfesables y desestabilizadores. La segunda versión afirma que la inseguridad es obra de grupos paramilitares infiltrados en Venezuela como parte de un plan orquestado desde Bogotá y dirigidos desde las mismas entrañas de los Estados Unidos. Ambas explicaciones eluden el problema, por decir lo menos, e intentan darle una respuesta pobre y exclusivamente ideológica.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó recientemente un Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos que constituye un aporte para el diseño de políticas públicas de seguridad con carácter democrático. Su contenido debería ser motivo de estudio y debate tanto por los entes públicos como las organizaciones sociales. En un país cuyos datos oficiales demuestran la alta tasa de homicidios y otros aspectos de la creciente criminalidad, desperdiciar los aportes de la Comisión es un error. El Informe indica, claramente, que la inseguridad generada por la criminalidad y la violencia en las Américas constituye un grave problema donde está en juego la vigencia de los derechos humanos.

Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones necesarias para evitar la vulneración del derecho a la vida. Esto no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente, sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida. A juicio de la Comisión, la seguridad ciudadana debe ser concebida como una política pública. Requiere, para ser verdaderamente eficaz, sostenerse en fuertes consensos políticos y amplios acuerdos sociales, aspecto que es también central para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.

Las políticas preventivas son fundamentales y deben tener como objetivo central enfrentar los factores que posibilitan la reproducción de la violencia en el espacio local. La experiencia indica que se debe trabajar en medidas para reducir el consumo de alcohol y limitar y regularizar el porte de armas por particulares. Asimismo, realizar esfuerzos para el rediseño urbano, la generación y mantenimiento de espacios públicos amigables y los sistemas de transporte. También deben crearse bolsas de trabajo en las zonas de mayor violencia de las ciudades. En el plano institucional, los programas exitosos apostaron a la profesionalización de la policía y la implementación de programas para mejorar la relación entre la policía y las comunidades locales. En el mismo sentido, deben citarse los programas dirigidos a trabajar sobre los factores posibilitadores de la violencia y el delito en espacios concretos, como es el caso de los que impulsan técnicas de resolución no violenta de conflictos en los centros educativos; programas de desarrollo infantil temprano y de apoyo para las familias con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situaciones de mayor vulnerabilidad ante el delito o la violencia.

La participación de la ciudadanía debe orientarse a acciones de prevención social, comunitaria y situacional de la violencia y el delito; toda forma de organización debe ser independiente de las autoridades del Estado o de sectores político-partidarios; el Estado debe generar los espacios para una adecuada articulación con las formas de organización que ya existen en el seno de la sociedad, favoreciendo el diseño de planes de prevención de la violencia y el delito, así como mecanismos ágiles de rendición de cuentas.

Uno de los múltiples aspectos que desarrolla el informe es la relación entre políticas públicas de seguridad y el derecho a la libertad de expresión. En este apartado la Comisión recomienda la obligación estatal de producir, sistematizar y difundir información de calidad, que permita el ejercicio del control democrático de la ciudadanía sobre las políticas de seguridad ciudadana; generar y difundir información objetiva respecto a la situación de los grupos más vulnerables de la población frente a la violencia y el delito y, por último, favorecer el acceso a toda la información en poder del Estado sobre asuntos vinculados a la seguridad ciudadana. Expresamente, el texto recomienda la incorporar en el derecho interno de la acción de habeas data, con el objetivo de garantizar: el derecho de toda persona a no ser perturbada en su privacidad; el derecho de toda persona a acceder a información sobre sí misma en bases de datos públicos y el derecho de toda persona de usar esta acción como mecanismo de fiscalización de la gestión de las autoridades públicas.

Provea recomienda ampliamente la lectura de este informe, que puede dar luces tanto a las autoridades municipales, regionales y nacionales sobre acciones a seguir, así como herramientas a la ciudadanía para exigir el resarcimiento del derecho a vivir en paz y tranquilidad. Puede descargarse en http://www.cidh.org/countryrep/Seguridad/seguridadindice.sp.htm (Rafael Uzcátegui, 31.05.10, Correo del Caroní)

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