La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó, recientemente, un Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos que constituye un aporte para el diseño de políticas públicas de seguridad con carácter democrático. Su contenido debería ser motivo de estudio y debate tanto por los entes públicos como las organizaciones sociales. En un país con una criminalidad creciente como la que nos afecta desperdiciar los aportes de la Comisión es un error. El Informe indica que la inseguridad generada por la criminalidad y la violencia en las Américas constituye un grave problema donde está en juego la vigencia de los derechos humanos.
Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones necesarias para evitar la vulneración del derecho a la vida. Esto no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente, sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida. A juicio de la Comisión, la seguridad ciudadana debe ser concebida como una política pública. Requiere, para ser verdaderamente eficaz, sostenerse en fuertes consensos políticos y amplios acuerdos sociales, aspecto que es también central para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.
Las políticas preventivas son fundamentales y deben tener como objetivo central enfrentar los factores que posibilitan la reproducción de la violencia en el espacio local. La experiencia indica que se debe trabajar en medidas para reducir el consumo de alcohol y limitar y regularizar el porte de armas por particulares. Asimismo, realizar esfuerzos para el rediseño urbano, la generación y mantenimiento de espacios públicos amigables y los sistemas de transporte. También deben crearse bolsas de trabajo en las zonas de mayor violencia de las ciudades. En el plano institucional, los programas exitosos apostaron a la profesionalización de la policía y la implementación de programas para mejorar la relación entre la policía y las comunidades locales. En el mismo sentido, deben citarse los programas dirigidos a trabajar sobre los factores posibilitadores de la violencia y el delito en espacios concretos, como es el caso de los que impulsan técnicas de resolución no violenta de conflictos en los centros educativos; programas de desarrollo infantil temprano y de apoyo para las familias con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situaciones de mayor vulnerabilidad ante el delito o la violencia.
La participación de la ciudadanía debe orientarse a acciones de prevención social, comunitaria y situacional de la violencia y el delito; toda forma de organización debe ser independiente de las autoridades del Estado o de sectores político-partidarios; el Estado debe generar los espacios para una adecuada articulación con las formas de organización que ya existen en el seno de la sociedad, favoreciendo el diseño de planes de prevención de la violencia y el delito, así como mecanismos ágiles de rendición de cuentas.
Convocatoria
El próximo 26 de mayo se cumplen 6 meses del asesinato del joven defensor de derechos humanos Mijail Martínez, un crímen que todavía se encuentra impune. Las organizaciones de derechos humanos invitamos a una concentración en la sede de la Fiscalía de Parque Carabobo, a las 10 de la mañana, para exigir justicia.
Marino Alvarado
Coordiandor general de Provea
