La actual crisis en la prestación del servicio público de energía eléctrica debería ser una coyuntura para debatir sobre la situación de los servicios públicos en el país. Se entienden por estos aquellos servicios que prestan el Estado o los particulares con autorización y control del Estado  para satisfacer intereses generales del colectivo social. Así son entre otros servicios públicos los siguientes: la atención de la salud, de la educación, la telefonía, el suministro de agua potable, de electricidad, la recolección de desechos sólidos, la seguridad ciudadana. Las políticas públicas que se definan y ejecuten en materia de estos servicios, tienen una estrecha relación con la calidad de vida y la satisfacción de los derechos humanos. Servicios públicos prestados con eficiencia y calidad y además accesibles con seguridad garantizaran mejores condiciones de vida a la población y el Estado podrá garantizar mejor los derechos humanos.

El respeto y garantía de los Derechos Humanos trasciende la simple ratificación de convenios internacionales y la adopción de medidas normativas en el ámbito interno.  Se requiere de políticas con metas concretas que se orienten a revertir una situación donde se diagnostique un déficit en la garantía de un derecho o que por el contrario se destine a fortalecer prácticas y resultados positivos.

La prestación de servicios públicos de calidad es parte de las políticas a desarrollar para lograr mejorar la situación de los derechos humanos en el país y deben ofrecerse garantizando algunos principios esenciales: no discriminación por ninguna naturaleza e igualdad de acceso lo que implica entre otras medidas garantizar precios razonables y otorgar subsidios de ser necesarios; universalidad en el sentido que se diseñe y ejecute para satisfacer el interés de todas y todos lo cual obliga a considerar las particularidades socio culturales; equidad de género que implica  dar a hombres y mujeres las mismas oportunidades para beneficiarse de los servicios; eficacia y continuidad en la prestación, lo que significa que debe ser de calidad y ser permanente; progresividad que obliga al Estado a garantizar que el servicio mejore constantemente y amplié la accesibilidad; acceso a la información por parte de los usuarios y existencia mecanismos sencillos, eficaces y accesibles para exigirlos y ejercer la contraloría social.

Son muchos los servicios públicos que se prestan en el país con deficiencia. Si bien en algunos como es el caso de la telefonía y el suministro de agua potable se notan progresos, en otros la situación es muy crítica como el servicio de recolección de desechos sólidos y el servicio de electricidad. Sobre este último las medidas no pueden limitarse a evitar menos apagones, dar mantenimiento a las plantas y aumentar megavatios. Es oportuno evaluar integralmente cómo se viene prestando el servicio,  de qué manera se logra mejorar y cómo garantizar mayor accesibilidad.

Marino Alvarado
Coordianor General de Provea

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