Tenemos un gobierno que lejos de promover -aunque sea un poco- confianza, tranquilidad y paz, nos tiene sometidos a un constante bombardeo a los derechos ciudadanos, generando, o tratando de crear, un clima confrontacional, desalentador y deprimente. Vivimos tiempos convulsos.

Cuando hace muchos años, demasiados ya, un recién electo presidente de la República anunciaba al país que daría prioridad a la agenda política para luego pasar a las agendas social y económica, no nos imaginábamos que se quedaría estancado en la primera. Una agenda política muy particular, marcada por el egocentrismo del líder, un fuerte componente totalitario y con una ausencia total de principios democráticos doctrinarios. A estos gobernantes la democracia les resbala. La interpretan -y la usan- como un simple ejercicio de citas electorales y conteos de votos, que supuestamente los legitiman ante “su pueblo” y ante el  mundo.

Lo cierto es que en su práctica diaria, en la gestión gubernamental, los principios democráticos brillan por su ausencia.

Vemos al Presidente tomar decisiones por sí solo, sobre los más variados temas. En unas horas de televisión, que prácticamente se repiten todos los días, el señor cambia ministros, define políticas económicas, expropia tierras o agro industrias, nombra candidatos de su partido, decide construir ciudades hospitalarias, decide el nombre comercial de alguno de los tantos productos que supuestamente van a fabricar ellos mismos, etc.

En paralelo, el país trata de sobrevivir a la falta real de políticas y de gobierno. La gente se las ingenia para conseguir -o buscar sustitutos de- azúcar, café, leche, harina, carne y muchos otros productos alimenticios. Otros, probablemente más necesitados, reclaman por la falta de la prometida vivienda, o por el salario u otros beneficios laborales que no llegaron nunca.

El descontento y las protestas en la calle están a la orden del día. Los apagones eléctricos, la falta de agua, la inseguridad, el estado de las vías, las reivindicaciones laborales, la falta de vivienda, el retardo procesal, etc., son razones suficientes para que la gente manifieste constantemente su descontento en los cuatro puntos cardinales de Venezuela. Y lo hace, a pesar de que la represión y la criminalización de la protesta han aumentado considerablemente en los últimos tiempos.

Pero quienes nos gobiernan, lejos de atender esos llamados, y lejos de mediar con quienes protestan, mantienen su agenda confrontacional y pican hacia adelante en busca de nuevos objetivos. El resultado, obviamente, es la acumulación de problemas irresolutos y la acumulación del descontento.

¿Las universidades necesitan dinero? ¿Sus profesores, empleados y obreros tienen reivindicaciones laborales en discusión? Responden con intervenciones, represión, tomas, cambio de rectores y llamamientos a constituyentes universitarias.

¿En Guayana hay descontento laboral? ¿La gente se queja de la quiebra de las estatales industrias básicas? Control obrero con esa vaina. Y a ver qué pasa.

¿Los anaqueles de alimentos están vacíos? ¿Los precios por las nubes? Decomisan unas cuantas toneladas de alimentos para distribuirlos en sus socialistas supermercados.

¿Huelgas en los penales en reclamo por el retardo procesal? Entran a sangre y fuego a uno de los penales. Después habrá tiempo para volver a hablar de la humanización de las cárceles.

Y así estamos. Somos testigos, cada vez menos mudos, de la destrucción de un país que, vamos a estar claros, arrastraba ya muchos problemas antes del advenimiento de estos milicos al poder, pero que confirma la máxima esa que reza “siempre puede haber algo peor”. Y lo decimos sin ánimos conformistas.

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