Cuando este artículo se escribe, Lilian Sanguino, una joven oriunda del estado Táchira, realiza una huelga de hambre en la planta baja del edificio administrativo de la Asamblea Nacional, ubicado en la céntrica esquina de Pajaritos en Caracas. Su reivindicación es solicitar la libertad de su hermano, Williams Sanguino, estudiante de la Universidad Bolivariana de Venezuela acusado de ser el presunto responsable del asesinato del también estudiante de ingeniería mecánica Jesús Eduardo Ramírez.

El homicidio se produjo en hechos confusos el 8 de diciembre de 2009 en el marco de una protesta estudiantil. En las primeras investigaciones realizadas por el Cicpc, ese organismo realizó varias detenciones, entre ellas la del bachiller Sanguino. Según testimonio de Lilian, los funcionarios policiales sometieron a Williams a intensas torturas. Este organismo policial anteriormente ha sido acusado tanto por la Defensoría del Pueblo como por organizaciones de derechos humanos de practicar este tipo de abusos. Estas violaciones a la integridad fueron denunciadas por los familiares ante la Fiscal 47 con competencia nacional, María Elcira Bejarano, obteniendo como respuesta el silencio. A su vez, informaron a la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República y a la fecha ninguna investigación se ha iniciado contra los funcionarios policiales. La vivienda de Sanguino fue allanada sin orden judicial y los policías se encargaron de destruir todo lo que consiguieron a su paso. A pesar de haber sido debidamente denunciado, por ese atropello tampoco se ha abierto una investigación.

Desde hace un poco más de un mes Williams Sanguino se encuentra recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas. Su hermana, declara que «En ese cuerpo policial, ha sido objeto de varios abusos policiales, presiones psicológicas y violaciones a su legítimo derecho a la defensa».

Los familiares explican que aspiraban que con la radicación del juicio en Caracas no continuaran las irregularidades. Han realizado reuniones con diferentes representantes del poder ejecutivo, dos veces con Luisa Ortega Díaz y en una oportunidad con Cilia Flores, presidenta de la Asamblea Nacional. Todos los/as funcionarios/as han reconocido las injusticias en el caso, sin embargo, estas permanecen. La propia Defensoría del Pueblo les ha manifestado su impotencia frente a los abusos, por ello han venido exhortando a Gabriela del Mar Ramírez a cumplir con su obligación de velar por el respeto a los derechos humanos del joven. En su ayuno forzado, Lilian deplora que los medios estatales, como VTV y RNV, legitimen con su silencio informativo la violación de la Constitución.

La situación por la que atraviesa Williams Sanguino se repite a lo largo y ancho del país. Sin embargo, sería un error considerar que las únicas irregularidades son cometidas por los cuerpos policiales encargados de la privación de libertad e investigaciones. Recientemente once organizaciones de derechos humanos presentaron el primer informe del Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia Penal y los Derechos Humanos, donde son señaladas graves deficiencias de las instituciones en el sector Justicia.

Venezuela cuenta con 1.840 jueces y juezas para todo el territorio nacional. De ellos, 984 (54%) son titulares. Del total de jueces y juezas, un poco menos de la mitad son jueces y juezas penales (807), lo cual representa un promedio de casi tres jueces o juezas penales (de control, juicio y ejecución) por cada 100.000 habitantes, pero en algunos de los estados con más población (Aragua, Anzoátegui, Carabobo, Lara y Zulia), no llega ni siquiera a dos jueces por 100.000 habitantes. El asunto es grave porque en estos estados es donde también las estadísticas muestran que hay mayor delincuencia, especialmente los estados Aragua y Carabobo donde se denuncian más de 20.000 delitos violentos al año, teniendo cada juez que atender teóricamente, más de 800 denuncias al año, cuando el promedio nacional es de 316 denuncias (delitos conocidos) al año. La investigación plantea que suponiendo que por cada fiscalía con competencia en derechos fundamentales (32) exista al menos un o una fiscal titular y una auxiliar, la capacidad del Ministerio Público de cubrir oportunamente la demanda de casos de violaciones a los derechos humanos (6.422) que se denuncian ante esta institución es de 174,5 denuncias por fiscal al año.

La culpabilidad o no del estudiante Williams Sanguino deben establecerla los organismos competentes, quienes tienen que demostrar con pruebas contundentes dicha responsabilidad. Mientras dure el proceso debe considerarse inocente y tiene derecho a un juicio justo, transparente y al respeto de su integridad física. La obligación del Estado de no dejar impune el asesinato de Jesús Eduardo Ramírez no puede cumplirse a costa de violar los derechos humanos. Personas que han mostrado su solidaridad en la huelga de hambre de Lilian Sanguino han opinado que es una metáfora que ocurra precisamente en el lugar donde, en la década de los años 90, el sector estudiantil realizaba sus ayunos para protestar las políticas de los gobiernos de la época. Hay situaciones que parecen mantenerse. Aún nos queda un largo camino para hacer real la dignidad humana.

Rafael Uzcátegui
Coordinador del Área de Investigación de Provea

investigacion@derechos.org.ve
https://archivo.provea.org

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