Sin duda las próximas elecciones parlamentarias significan una enorme exigencia para los partidos de la oposición pues lo que está en juego es la posibilidad misma de hacerle demandas al Estado, la naturaleza de la democracia en el país y la apuesta por una sociedad más libre, más eficiente y más justa.
Una asamblea monocolor como la actual, con una bancada opositora exigua, no puede atender la multiplicidad de requerimientos de los sectores que hacen vida en Venezuela. Y me refiero no sólo a los hombres y mujeres identificados como no afectos al gobierno nacional sino a la población en su conjunto.
¿Qué ocurre con los sectores discriminados por su orientación sexual: lesbianas, «gays», bisexuales, transgéneros, transexuales e intersexuales (Lgbti, siglas internacionales)? Ignorados por el gobierno y por la oposición, sufren formas de discriminación familiar, laboral, política, escolar, económica y legal que los colocan en condición de minusvalía social. En el peor de los casos, pueden convertirse en víctimas de la violencia (golpes, asesinatos, violaciones). A estas alturas del siglo XXI Venezuela es el país más atrasado del continente en cuanto a reivindicaciones para la población Lgbti. No se trata sólo de la legalización de las uniones lesbianas o «gays», con los correspondientes derechos a seguridad social, herencia, compra de vivienda y adopción, aprobados ya en España o Argentina. Tampoco el asunto se reduce a tener fiscales o defensores del pueblo (los hay) que enfrenten denuncias respecto a discriminación.
Se trata de una transformación profunda que atiende a la manera en que nos vemos como hombres y mujeres. El silencio alrededor de la sexualidad no heterosexual de figuras públicas, acompañado del rechazo a los hombres «afeminados» o a las mujeres «machorras» que no cumplen con los estándares de belleza femenina (cuyas exigencias pueden convertirse en enfermedades como la anorexia), llevan a discriminaciones que ni siquiera se pueden enfrentar pues nadie las dice, sino que simplemente se ejercen. El caso de las personas de sexo masculino que cambian su identidad de género de hombre a mujer o el caso de personas de sexo femenino que se identifican como hombres es el más terrible: no les dan trabajo, les impiden la entrada a sitios públicos, sufren agresiones en las calles o tienen problemas en escuelas y universidades.
Ante tal injusticia, ¿qué hacen los partidos socialdemócratas como Un Nuevo Tiempo y Podemos? El Código de Ética de la Internacional Socialista a la que pertenecen ambos consagra la no discriminación por orientación sexual. No entusiasma que UNT y Podemos se comporten como partidos conservadores, al estilo de la extrema izquierda evangélica de la Asamblea Nacional y de los comunistas uña en el rabo como Marelis Pérez Marcano, quienes impidieron la concreción de las justas aspiraciones de la población Lgbti en la Ley de Igualdad de Género discutida en el año 2009. (Gisela Kozak, Tal Cual, 08.06.10)
