Mientras el estado otorgue privilegios a las personas casadas como seguros de salud compartibles, herencia, decisión en caso de enfermedades graves e intervenciones quirúrgicas, división justa de bienes en caso de separación y otros privilegios, impedir el matrimonio o las uniones legales entre dos hombres o dos mujeres constituye una grosera discriminación. Ciertamente, el estado no debería tener tanto poder sobre la vida privada pero (en mi opinión por desgracia) lo tiene.
Resulta que si yo quiero proteger con mi seguro de salud a alguien no puedo hacerlo si no es mi padre, madre, cónyuge o hijo(a). Así mismo, mis bienes deberían pasar a la persona que yo escogiese al momento de mi muerte pero no es así; pasarían a parientes próximos en detrimento de la persona con la que se ha compartido la vida. Si no se cambia el ordenamiento legal para que los contratos entre personas tengan mayores libertades que las permitidas por la consanguinidad o el matrimonio civil, el matrimonio entre homosexuales y lesbianas es un derecho escamoteado.
La Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez, en el marco del I Seminario Internacional: Sexualidades, Diversidad Sexual y Derechos Humanos, declara que es posible el matrimonio homosexual y lésbico. Es de celebrar que alguna que otra vez la Defensora defienda a la ciudadanía y no al gobierno pues Venezuela es uno de los países más atrasados de Suramérica en materia de derechos civiles de las minorías sexuales, lo cual llama la atención en un país que se supone vive una revolución. Los únicos éxitos en estos años tienen que ver con la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Trabajo o la Fiscalía.
Lamentablemente en la Asamblea Nacional hay un número importante de diputados evangélicos y militantes de la vieja izquierda, como la diputada de la Comisión de Familia Marelis Pérez Marcano. Además, no debemos olvidar la fuerte impronta militarista de este gobierno y el conservadurismo y pragmatismo de la oposición. Tenemos partidos débiles que se mantienen al margen de las discusiones ideológicas y de las grandes causas internacionales. Es una lástima, eso sí, que distinguidos activistas por las minorías sexuales indudablemente demócratas hayan asistido al mencionado seminario pues fue coorganizado por CENESEX, organismo cubano conducido por Mariela Castro, princesa de la monarquía roja ejercida por la familia Castro. Lo digo porque sería como ir a sentarse con un experto en derechos humanos del gobierno de Augusto Pinochet. Los Castro siguen en el poder y ellos promovieron la existencia de campos de concentración para “reeducación” de homosexuales. Si fuesen de derecha estaríamos clamando por un Baltasar Garzón que los llevara a la cárcel por violaciones a los derechos humanos, mas como se trata de un gobierno “rojo” se les perdona el errorcito. Está bien luchar por los derechos pero los principios no se negocian.
Gisela Kosak Rovero