Los recientes acontecimientos desarrollados en Guayana, en el que organizaciones sindicales han amedrentado y violentado a miembros de otros grupos gremiales, constituyen un peldaño más en la espiral de violencia que ha caracterizado el movimiento de trabajadores en los últimos años en el país. Como Provea ha advertido desde el año 2005, los enfrentamientos originados por la obtención de puestos de trabajo, en el sector petrolero y especialmente en el de construcción, han añadido un peligroso ingrediente al deterioro de la defensa de los derechos laborales en el país.
Según el diagnóstico realizado por diferentes organizaciones de derechos humanos esta terrible situación, que para el 2011 cerrará con más de 200 víctimas, posee varias causas. Una de ellas es el debilitamiento del sindicalismo como herramienta para la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del país, acumulando vicios e irregularidades que condenan a buena parte de la masa laboral del país al desamparo. Esta minusvalía ha sido profundizada por los consecutivos ataques a la libertad y autonomía sindical, realizados por algunos voceros del alto gobierno, y la promoción del llamado “paralelismo” sindical, mediante el cual de manera artificial y por decreto se ordena la creación de nuevas organizaciones obreras dentro de las empresas, las cuales rápidamente asumen y extienden las prácticas del sindicalismo corrupto. Estas perversiones son estimuladas, paradójicamente, por una conquista dentro del sector: La existencia de la cláusula 53 en la Convención Colectiva del sector construcción, la cual estipula que “el empleador se compromete a solicitar del respectivo Sindicato el setenta y cinco (75%) de los trabajadores que requiera”, la cual ha ocasionado que las organizaciones gremiales prioricen atribuciones patronales sobre la defensa de los derechos de sus agremiados.
Más que un sindicato, algunas agrupaciones se han convertido en agencias de empleos con características mafiosas, lo cual rinde fabulosos beneficios económicos no precisamente para los trabajadores. Y en el negocio, el respeto se gana a base de conquistar los territorios en base a la violencia. Otro elemento que cataliza los anteriores es la impunidad que ha acompañado a los crímenes. Según un estudio realizado por la Vicaría de Derechos Humanos y Provea, de 52 casos estudiados hasta el año 2007 apenas 3, es decir sólo el 5.7% del total, fueron sancionados los responsables de los ataques por una sentencia firme en tribunales y privados de su libertad en un centro penitenciario. Esta impunidad es posible, como sugieren las denuncias, por la complicidad no sólo de funcionarios policiales sino también de encargados de los órganos de investigación y administración de justicia. La violencia contra sindicalistas, además, refleja la propia situación de orfandad del derecho a la seguridad ciudadana y el derecho a la vida en el país.
Ante esta situación, la respuesta de las autoridades ha sido ambigua. El propio Presidente de la República ha emitido señales contradictorias. En el año 2008, por primera vez, el primer mandatario hizo alusión a esta situación. No fue la cifra total de homicidios lo que motivó su pronunciamiento, sino el asesinato simultáneo de tres dirigentes sindicales de reconocida trayectoria en el estado Aragua. En aquella oportunidad ordenó se constituyera una Comisión de Alto Nivel que analizara el problema y adoptara medidas adecuadas. La Comisión integrada por representantes del gobierno, la Defensoría del Pueblo y algunos dirigentes sindicales se reunió dos veces y no dejó ningún saldo positivo. Al contrario de lo esperado, la cifra de asesinatos continuó incrementándose. Contradictoriamente, el 1 de agosto del 2010, en su columna “Las líneas de Chávez”, negaba la existencia de sindicalistas asesinados en el país: “Debe entender el pueblo colombiano, que en la Venezuela bolivariana no tenemos ni sindicalistas asesinados, ni desplazados, ni fuerzas insurgentes a lo largo y ancho del país; no tenemos grupos paramilitares, ni importantes extensiones de tierra al servicio de la producción de drogas, ni bases militares estadounidenses, ni fosas comunes ahítas de cadáveres. Nadie puede ignorar que éstos sí son elementos definitorios de la realidad colombiana”. Como respuesta, Provea difundió una lista de los últimos 65 casos de personas que habían perdido la vida en condición de sindicalistas. La Defensoría del Pueblo en su último Informe no dedica ni una sola línea al problema. La Fiscal General tampoco se refiere al asunto.
Para completar la invisibilización, en la agenda de reivindicaciones de las diferentes centrales sindicales no existen solicitudes para revertir la violencia que aqueja al sector.
Provea está recopilando las denuncias que llegan desde Guayana que señalan el uso de los sindicatos de la construcción como forma de amedrentamiento dentro de las empresas. La agresión contra el sindicalista José Luis Morocoima y los trabajadores de Bauxilum podrían ser un triste precedente de una nueva etapa del uso de esquiroles en el país. Cualquier denuncia, agradecemos remitirla a investigació[email protected]
Provea solicita a los poderes públicos, un explícito reconocimiento de la gravedad del problema y el diseño junto a la dirigencia sindical de políticas de corto, mediano y largo plazo, para revertir esta situación que ha enlutado a decenas de familias venezolanas y evitar que la violencia en el sector laboral continúe, se diversifique y sea aún más dramática .
