Por Rafael Uzcátegui
El pasado 25 de agosto, el presidente Hugo Chávez afirmó que el Ejecutivo nacional había programado una meta de construcción para el mes de agosto del presente año de 47.027 viviendas, de las cuales se habían realizado 44.128 unidades, lo cual significaría “un alcance de 94% de lo establecido en la Gran Misión Vivienda Venezuela para la fecha”. Durante el Consejo de Ministros el primer mandatario reiteró que la meta para este año era edificar 150 mil casas, estimando para el 2012 la entrega de 253.000 soluciones habitacionales. Esto significa que de la meta anual, quedarían por terminar 105.872 viviendas en cuatro meses, una cifra que supera ampliamente la totalidad de las construidas anualmente en todos los ejercicios posteriores a 1998.
En Provea monitoreamos permanentemente la ejecución de las políticas públicas en vivienda, siendo uno de los derechos priorizados de nuestra actuación. Sin embargo, es la primera vez que conocemos que los entes del sector poseían metas de construcción desagregadas por meses. Si esto ha sido así, el Ministerio de Vivienda y Hábitat (Minvih) no ha hecho público el cronograma de construcción a nivel nacional, una información de sumo interés tanto para las familias beneficiadas con su adjudicación como para las que se encuentran en lista de espera. Dado el carácter de “problema de Estado” otorgado al déficit habitacional, la información sobre las políticas públicas a implementar, con sus presupuestos, responsables y fechas de entrega deberían estar disponibles en el sitio web del Minvih para una permanente consulta pública.
Sin embargo esto no es así. El ente ministerial encargado de las políticas de vivienda y hábitat se caracteriza precisamente por su opacidad y por la difusión de informaciones dispersas y fragmentadas que no parecen responder a una planificación a mediano y largo plazo. Por ejemplo, una declaración del ministro Ricardo Molina, divulgada por la cuenta Twitter del organismo afirmó el pasado 3 de junio que 14.800 viviendas habían sido entregadas en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). ¿Cómo se llegó a las 44 anunciadas por el presidente? Ninguna de las redes sociales del ente refleja la construcción de 30 mil casas en dos meses. Y eso teniendo en cuenta que la cuenta @ViviendaHabitat ha venido divulgando con escrupuloso detalle las sucesivas entregas de casas a familias beneficiadas, como las 34 entregadas el 16 de junio en el estado Carabobo.
Provea ha dirigido durante el transcurso de este año 3 comunicaciones institucionales para solicitarle al Minvih una copia de la memoria y cuenta 2011 del organismo. La respuesta que hemos recibido es el silencio. En todas hemos recordado que dicha información es de acceso público y cualquier obstáculo para acceder a la misma viola el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el artículo 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA) y el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP). Ha sido recientemente que, mediante los buenos oficios de un diputado a la Asamblea Nacional, Provea ha logrado tener este documento vital para el diagnóstico que publicaremos en el Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos este año.
Un primer análisis de la memoria y cuenta 2010 revela que este documento oficial continúa presentando inconsistencias metodológicas, las cuales hemos alertado en nuestro Informe Anual. En los últimos 3 años, por lo menos, este registro ha presentado un esquema dispar con indicadores diferentes, lo cual imposibilita las comparaciones entre períodos. Por ejemplo, la memoria 2008 habla de “familias atendidas” y no de viviendas construidas, sin establecer ningún tipo de discriminación entre las beneficiarias de una casa, las que recibieron un subsidio o a las que una ayuda gubernamental les permitió pintar sus fachadas. Este tipo de ambigüedades conceptuales se repiten en el último informe, afirmándose la intervención de 14.371 viviendas beneficiando a 21.604 familias a nivel nacional. ¿Qué es una “intervención”?, ¿una sustitución de rancho por vivienda?, ¿un arreglo parcial o total de la infraestructura?, ¿pintado de fachadas por la Misión Barrio Tricolor?
Otro elemento que resalta es la enumeración de actividades que forman parte del trabajo cotidiano del ente ministerial como “logros más resaltantes”, de manera genérica y sin datos importantes. Por ejemplo, la página 31 apunta, como logro resaltante, “participación en distintas reuniones celebradas con los miembros de Organizaciones Comunitarias de Viviendas (OCV), Comités de Tierras Urbanas (CTU), por diferentes conceptos”. ¿Cuántas reuniones con cuántos asistentes?, ¿Cuáles fueron los acuerdos y los procesos de seguimiento?, ¿cuántas de estas organizaciones están participando en proyectos de autoconstrucción? La información es confusa y parece sugerir que las actividades de dicha institución siguen permeadas por la improvisación.
Para poder revertir el déficit habitacional de 3 millones de viviendas se necesita un gran acuerdo nacional, que incorpore a todos los actores y, especialmente, reglas de juego claras. Sin información confiable y de calidad, que transmita la voluntad política de trabajar con procesos transparentes y auditables, seguiremos cosechando los limitados resultados en materia habitacional de los últimos 12 años.
