Francisco Martínez Montero
Tradicionalmente, una política pública es definida como un cúmulo de acciones -estrategias, planes, programas, proyectos e incluso omisiones- asumidas total o parcialmente por entidades gubernamentales y que tienen como objetivo modificar una situación percibida como socialmente insatisfactoria o problemática, en tanto desconoce intereses u objetivos colectivos considerados como deseables u objeto de especial protección.
Sin embargo, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuando hablamos de políticas públicas con enfoque de derechos humanos nos referimos a un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que, desde el punto de vista normativo, está basado en las normas internacionales de derechos humanos; y desde el punto de vista operacional, está orientado a la promoción y protección de los derechos humanos. Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo, y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo.
Incorporar el enfoque de derechos humanos a las políticas públicas de un determinado Estado, implica el empoderamiento real de los sectores que han sido tradicionalmente excluidos como un medio para impulsar la exigencia de sus derechos; se observa el protagonismo del pueblo como un principio fundamental para alcanzar la dignidad humana. La participación de la sociedad en el diseño, ejecución y monitoreo de las políticas que finalmente afectan su vida diaria en relación al libre ejercicio y garantía de sus derechos humanos, se convierte en el norte y objetivo fundamental de los operadores y operadoras gubernamentales.
También se trata de hacer abordajes integrales frente a la posible vulneración de derechos humanos en la que sea posible determinar los principios de interdependencia o interrelación de los derechos. En ese sentido, no puede realizarse una política dirigida al mejoramiento del sistema educativo en Venezuela si no se toma en cuenta, por ejemplo, la relación del derecho a la educación con alimentación, salud, transporte, ambiente sano, seguridad ciudadana, entre muchos otros factores.
Adicionalmente, las personas responsables por la construcción o diseño de las políticas públicas en nuestro país deben tomar en cuenta la visibilización de la responsabilidad estatal como un eje central en las estrategias de desarrollo y reducción de la pobreza, esta última entendida como una privación de las libertades básicas. Para su mejor concreción, la incorporación de este enfoque le otorga un protagonismo esencial al principio de igualdad de oportunidades para el acceso a las garantías de protección de los derechos humanos.
No es tarea fácil cambiar la noción asistencialista con la que acostumbramos observar el ir y venir de las políticas públicas en nuestro país, pero afortunadamente en los últimos años hemos experimentado un cambio político y social que promueve la inclusión de una nueva visión, la de derechos humanos, a la cotidianidad de las políticas promovidas desde el Estado.
13.12.2010 El Universal
