A raíz de la petición realizada por el presidente Maduro acerca de la necesidad de poderes extraordinarios para el combate a la corrupción, se ha puesto en el tapete la relación de los ilícitos con las diferentes dimensiones de la gobernabilidad democrática, incluyendo la garantía y respeto a los derechos humanos.
Esta última relación sin embargo no es muy visible en nuestro país: Cómo la corrupción obstaculiza o simplemente niega derechos a amplios sectores de la población.
El libro “La Corrupción y los Derechos Humanos. Estableciendo el Vínculo”, editado por la Universidad de Monterrey (México), es un aporte en este sentido. Citamos ampliamente:
A pesar de que todas las prácticas corruptas pueden, a largo plazo, tener un impacto sobre los derechos humanos, desde un punto de vista legal, no se puede afirmar de forma mecánica que un acto de corrupción viola los derechos humanos sin que se realice un análisis específico del caso.
Esto significa que, para aplicar el marco conceptual de los derechos humanos, con potencial efecto legal, es necesario distinguir entre (1) las prácticas corruptas que directamente violan un derecho humano, (2) las prácticas corruptas que conducen a la violación de un derecho humano (pero que, en sí mismas, no violan un derecho) y (3) las prácticas corruptas en las que no puede estable-cerse un vínculo causal con una violación de derechos específicos.
Un Estado es responsable de una violación de los derechos humanos cuando se puede demostrar que sus acciones (u omisiones) no se ajustan a las obligaciones nacionales o internacionales en materia de derechos humanos.
Para determinar si una práctica corrupta específica viola o no un derecho humano, es necesario establecer, primero el alcance y contenido de la obligación del derecho humano en cuestión y si deriva de una ley nacional, tratado internacional, costumbre o principios generales de ley.
La corrupción se podría vincular, en forma directa, a una violación de derechos humanos cuando un acto corrupto se utiliza, deliberadamente, como un medio para violar un derecho.
Por ejemplo, un soborno ofrecido a un juez afecta inmediatamente su independencia e imparcialidad y, por lo tanto, viola el derecho a un juicio justo. Si un funcionario no causa, de manera deliberada, un daño, el test para determinar el vínculo será el de la diligencia debida: ¿era previsible la violación? ¿Ejercieron los funcionarios la diligencia debida (todos los medios a su alcance) para prevenirla?.
En tales casos, la responsabilidad del Estado depende tanto de las circunstancias específicas como del derecho violado.
La corrupción puede también violar directamente un derecho humano cuando un Estado (o una persona con una responsabilidad oficial) actúa u omite actuar de forma tal que impide que los individuos tengan acceso a ese derecho.
A modo de ilustración: cuando un individuo tiene que sobornar a un médico para obtener un tratamiento de salud en un hospital público o a un maestro de escuela pública para obtener una inscripción para su hijo en esa escuela, la corrupción infringe los derechos a la salud y a la educación.
En otras situaciones, la corrupción puede ser un factor esencial que contribuye en una cadena de acontecimientos que, eventualmente, conduce a la violación de un derecho.
En este caso, el derecho se viola por un acto que se deriva de un acto corrupto y el acto corrupto es una condición necesaria para esa violación. Esta situación surgirá si, por ejemplo, los funcionarios públicos permiten la importación ilegal de desechos tóxicos desde otros países a cambio de un soborno.
Y si ese derecho se coloca en, o próximo a, una zona habitada, los derechos a la vida y a la salud de las personas que allí residen serían violados indirectamente, como resultado del soborno.
En el caso del ejemplo, estos derechos no son violados de manera directa por el soborno, pero éste resulta un factor esencial sin el cual la violación no hubiera ocurrido.
Según el texto algunos derechos afectados por actos de corrupción son los principios de igualdad y de no-discriminación; juicio justo y a una reparación efectiva; participación política; derecho a la alimentación; derecho a una vivienda adecuada; derecho a la salud, derecho a la educación; derecho al agua, entre otros.
Cuando el dinero público se “pierde”, el Estado no cumple con una de las principales obligaciones de los derechos humanos: utilizar el máximo de los recursos de que disponga para lograr la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales (Artículo 2(1) del PIDCP.
El efecto negativo acumulativo de la corrupción se hace evidente, en especial, en los programas sociales a gran escala. Considerando que por lo general muchos funcionarios administran este tipo de programas, si la corrupción es endémica y extendida, los niveles en la malversación de fondos pueden ser muy altos.
(*) Coordinador del Programa de Investigación de Provea
@fanzinero
