Recientemente, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó los resultados de su 24avo. Informe Anual sobre la situación de Derechos Humanos en el país, correspondiente al año 2012. Este diagnóstico multidisciplinario sobre la situación de 19 derechos en el país se realizó en un contexto de gran dificultad para el acceso a la información pública y las estadísticas oficiales, datos estelares para la investigación.
La situación de opacidad en la gestión de gobierno, en este sentido, ha alcanzado niveles graves. Ahora mismo si usted revisa los sitios webs de 25 ministerios en el país, corroborará como sólo uno, el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, tiene publicado en su portal digital institucional su informe de gestión correspondiente al año pasado. Como se recordará la Carta Magna establece que durante los primeros 60 días del año las diferentes dependencias gubernamentales están en la obligación de rendir cuentas de su gestión en la Asamblea Nacional, una información que debe ser pública debido al interés para el ejercicio del derecho constitucional a la contraloría social. En la revisión de los portales webs ministeriales también nos encontramos con la preocupante situación que 18 de ellos no tienen visibilizada ninguna de sus Memorias y Cuentas, mientras que los restantes 6 tienen publicados informes de gestión hasta los años 2010 y 2011. Otros organismos que sí tienen al día sus informes de gestión son la Contraloría General, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
Provea envía permanentemente infinidad de comunicaciones formales para solicitar datos de las instituciones. Apenas el 5% de estas misivas son contestadas, y no todas positivamente. Hemos tenido que ingeniarnos todas las maneras posibles para obtener, con gran dificultad, el acceso a los datos oficiales, en medio del poco interés del Estado para revelar la realidad de su gestión.
Este Informe, como todos los años, tiene buenas y malas noticias en materia de derechos humanos. Las buenas noticias son la reducción de la pobreza en 6 puntos porcentuales durante el segundo semestre del 2012, con lo cual el gobierno retoma la senda de reducción de lo que para Provea es una de las mayores violaciones en materia de derechos humanos. El Ejecutivo tuvo la suficiente voluntad política para canalizar esfuerzos e inyectar recursos para tener resultados positivos en diferentes políticas sociales, como la Gran Misión Vivienda Venezuela. El reto para el ejercicio de gobierno del presidente Nicolás Maduro es mantener este ritmo y estos resultados en un contexto no electoral.
Otros logros resaltados en el Informe fue el incremento en 147.274 personas beneficiarias por políticas de seguridad social; la reducción significativa durante el año del 35% de víctimas de privaciones arbitrarias de libertad; el incremento del empleo formal a 58% del total de la población económicamente activa; el adelanto de las investigaciones de casos históricamente emblemáticos de violación al derecho a la vida: Noel Rodríguez, Masacre de Yumare y Masacre de Cantaura; así como la disminución importante de las protestas reprimidas respecto al total de manifestaciones ocurridas durante el año. Sobre el derecho a la participación, Provea reconoció que los diferentes actores políticos hayan consensuado la vía electoral como mecanismo de resolución de conflictos, lo cual generó una alta participación en las elecciones del 7 de octubre de 2012.
Dos de las situaciones más negativas tienen que ver con la persistencia de altos grados de impunidad, relacionada además con irregularidades y falta de independencia del poder judicial, así como el mantenimiento de una situación de grave inseguridad y violencia. Si bien las cifras oficiales reconocieron que durante el 2012 se registraron 16.000 homicidios, cuando se suman los casos de “resistencia a la autoridad” y “enfrentamiento entre bandas”, las víctimas sobrepasan la cifra de 23.000. La Misión A Toda Vida había promovido una filosofía que hablaba sobre la necesidad de un nuevo modelo policial en el país, para enfrentar este flagelo, sin embargo los anuncios recientes sobre la militarización de las políticas de seguridad ciudadana, caminan en sentido contrario.
Provea ha venido alertando sobre la política de criminalización de la protesta en sus últimos informes. En el correspondiente al 2012 planteábamos dudas e interrogantes sobre la promulgación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, debido a la ambigüedad de sus términos. Esta normativa, conocida como Ley Antiterrorista, ha comenzado a ser aplicada en el país contra diferentes personas privadas de su libertad en el marco de manifestaciones. Para Provea esta situación constituye una etapa superior de la criminalización, una ley que debe ser rechazada contundentemente por todos los sectores sociales y políticos del país.
El Informe Anual 2012 trae un generoso encarte de más de 100 páginas con un balance de las políticas de derechos humanos entre los años 1997 y 2011, y la totalidad de su contenido puede descargarse de www.derechos.org.ve.
(*) Coordinador del Programa de Investigación de Provea
www.derechos.org.ve
