El pasado 4-2-14 un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) realizaron una protesta contra la inseguridad y en rechazo al presunto abuso sexual contra una compañera de estudios.
San Cristóbal formaba parte de ese sector de Venezuela que, exceptuando a Caracas, había aguantado varios años de constantes interrupciones de servicios básicos (agua y electricidad), desabastecimiento crónico de alimentos y productos de consumo masivo, dificultades para el acceso a la gasolina y, según datos del propio Banco Central de Venezuela (BCV), la segunda inflación citadina más alta del país, de 60,5%.
El malestar llegó a su punto de ebullición cuando en esa manifestación la Guardia Nacional Bolivariana reprime la protesta y detiene a 6 estudiantes. En un suelo regado de pólvora, esa fue la chispa que generó la protesta generalizada.
Otras universidades del interior manifestaron su indignación, lo que sumó más universitarios a la lista de privados de libertad. En respuesta, 16 estados del país realizaron movilizaciones multitudinarias exigiendo la libertad de los detenidos y fin a la represión. Al movimiento estudiantil se sumó un sector de la oposición partidista que, mediante una estrategia denominada “La salida”, promovía la renuncia del presidente. Hasta las 2:00 de la tarde aquella se había desarrollada en completa normalidad y de manera pacífica. Al final del día 3 personas habían sido asesinadas en Caracas en el contexto de manifestaciones.
La reacción del primer mandatario, del Sistema Nacional de Medios Públicos y de la propia fiscal de la República fue, sin ningún tipo de elementos de prueba, señalar que la responsabilidad en las víctimas recaía en los propios manifestantes.
Decenas de fotografías y vídeos demostraron que los disparos habían sido realizados por funcionarios policiales y parapoliciales. Aquella actuación institucional despertó la indignación en todo el país. Decenas de ciudades grandes y pequeñas realizaban, día tras día, sus propias protestas. La única respuesta que obtuvieron fue la represión, primero de la Guardia Nacional Bolivariana.
Después de grupos paramilitares que enfrentaban a los manifestantes, disparaban a los edificios y destruían autos e inmuebles. El presidente Nicolás Maduro felicitaba públicamente la actuación de los uniformados y estimulaba la participación de civiles armados contra las protestas, primero con los “Comandos Populares Contra el Golpe”, después con “Candelita que se prenda, candelita que se apaga” y seguidamente, con una serie de discursos en donde ratificaba el llamado al pueblo a enfrentar al propio pueblo. Tras noche de terror e indefensión en diferentes urbanizaciones del país, aparecieron las “guarimbas”, barricadas y trampas para paramilitares, que comenzaron rápidamente a sumar nuevas víctimas. La Defensoría del Pueblo negaba la violación a los derechos humanos y la mayoría de los voceros del alto gobierno adjudicaban la violencia a la protesta.
Es en esta escalada del conflicto cuando el presidente Maduro convoca a una “Conferencia Nacional de Paz”, en donde rápidamente acuden representantes de los empresarios privados, acuerdan la instalación de una mesa para asuntos económicos y decretan los primeros aumentos de precios de alimentos.
En paralelo, continúa la descalificación de los disidentes; la represión a las manifestaciones; las torturas, tratos inhumanos, crueles y degradantes; la actuación de paramilitares; los ataques y allanamientos a inmuebles y zonas residenciales, y el robo a detenidos por parte de funcionarios policiales, militares y parapoliciales.
En este punto del conflicto la responsabilidad mayor en detener la violencia y la violación de los derechos humanos la tiene el presidente de la República, canalizar las diferencias por senderos de paz y tolerancia.
Pero ello no se logra, como afirma el mandatario, convocando una conferencia de paz, un paso insuficiente si no es realizado con sinceridad, voluntad y coherencia. Poco sirve esa Conferencia si avala la descalificación a quien piensa distinto, si se llama a dialogar a los estudiantes y se les niega realicen manifestaciones pacíficas y se les reprime intensamente.
Poca efectividad tiene una conferencia de paz si se tolera, se avala y estimula la actuación de grupos paramilitares promotores de violencia.
Como máximo dirigente político de la coalición gobernante el Presidente debe incidir para que la dirigencia política use un lenguaje que contribuya a bajar tensiones, no a incrementarlas. Como comandante en jefe de los componentes de la Fuerza Armada y quien gira instrucciones para restituir el orden público, es el responsable mayor para que la Guardia Nacional Bolivariana actúe respetando los derechos humanos y no como las evidencias demuestran viene operando.
Como ha sido solicitado para el caso de las Masacres de Yumare, El Amparo y Cantaura, así como en el caso de El Caracazo, el presidente de la República tiene responsabilidad política en los casos graves de violación a los derechos humanos.
Responsabilidad también tienen, en menor medida, pero importante, la dirigencia política de oposición. En particular Provea considera que debe ser firme en condenar los hechos de violencia y ser contundente en rechazar cualquier mecanismo no constitucional.
