El pasado 10 de agosto se realizó en la ciudad de Barquisimeto la presentación del libro “Impunidad y Poder”, un texto de más de 400 páginas en donde el Comité de Víctimas contra la Impunidad del Estado Lara (Covicil) hace la sistematización de su experiencia de lucha popular contra lo que denominan “la maquinaria estatal de la impunidad”.

Desde el año 2004 este grupo de personas de origen humilde han debido apoyarse mutuamente para denunciar el asesinato de sus familiares por funcionarios policiales y militares, la simulación de hechos punibles en sus casos, la indolencia de los medios de comunicación, las irregularidades y omisiones del sistema de administración de justicia y, en los poquísimos casos en que han logrado una decisión de un tribunal contra los funcionarios, tener que seguir denunciando lo que han calificado de “sentencias ficticias”: En vez de ir a un centro de privación de libertad los funcionarios “cumplen su sentencia” en sus comandancias, con toda suerte de privilegios –entre los que se incluyen “permisos” nocturnos y de fin de semana- y goce de salario, en donde al cabo de unos pocos años quedan en libertad tras el otorgamiento de un “beneficio procesal”.

Desde el año 2004 este grupo de personas de origen humilde han debido apoyarse mutuamente para denunciar el asesinato de sus familiares por funcionarios policiales y militares, la simulación de hechos punibles en sus casos, la indolencia de los medios de comunicación, las irregularidades y omisiones del sistema de administración de justicia y, en los poquísimos casos en que han logrado una decisión de un tribunal contra los funcionarios, tener que seguir denunciando lo que han calificado de “sentencias ficticias”

El libro no sólo recoge testimonios y casos emblemáticos. Uno de sus capítulos reproduce informaciones oficiales y entrevistas con fiscales del propio Ministerio Público en donde se ratifican las denuncias del Covicil. Sin embargo los testimonios más crudos tienen que ver con el suplicio que deben pasar los familiares en los tribunales de justicia cuando acusan a funcionarios policiales y militares, con todo el sistema judicial dispuesto a responder con espíritu de cuerpo y avalar la impunidad. Una versión digital del libro puede consultarse en www.derechos.org.ve

Sin embargo la “maquinaria estatal de impunidad” no se encuentra radicada exclusivamente en el estado Lara. Casos similares de inocentes asesinados por funcionarios o inculpados por tribunales en donde no existe el debido proceso se repiten a lo largo y ancho del país. Una de estas situaciones es el del joven José Manuel Delmoral, quien se encuentra detenido en el estado Anzoátegui como presunto responsable de la llamada “Masacre de Guanipa”, el crimen de diciembre del 2008 en donde un pastor evangélico fue brutalmente asesinado junto a su esposa y su pequeña hija. Un año después son detenidas personas indiciadas en el triple homicidio, una de las cuales cita el apodo de uno de sus supuestos cómplices. Medios de comunicación se hacen eco de la declaración, publicando el apodo del sospechoso, hasta ahora la única prueba contra Delmoral. Este joven analista de sistemas al conocer que su apodo era el mismo del presunto victimario, y tras recibir una boleta de citación, acude al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (CICPC) en varias oportunidades, última en la que es detenido, iniciando un calvario para sus familiares y amigos, sin riquezas materiales e influencias políticas, para denunciar no sólo su inocencia sino la cadena de irregularidades que aún lo mantienen detenido y con la posibilidad de recibir una sentencia de un crimen que no cometió.

En primer lugar a pesar que la Fiscalía asegura que Delmoral se encontraba desde las 6 de la tarde en compañía de los otros inculpados, cuando hay testigos que reiteran que se encontraba estudiando programación en lenguaje Java, curso de Programadores de Software, dictado por la IBM, llevado a cabo en la sede de la UNEFA de San Tome, en un horario de 05:00 pm a las 09:00 pm. Por otra parte la descripción física dada por quien lo acusa no corresponde con los rasgos corporales de Delmoral: “Persona blanca con el cabello muy largo crespo color castaño, a veces usaba colita, no era ni muy gordo ni muy delgado sino de contextura normal, tenía ojos expresivos, utilizaba anteojos, siempre utilizaba zarcillos, tenía en su oreja una perforación”. José Manuel nunca ha tenido el pelo largo ni tiene perforación en sus orejas. Además es alto y de contextura delgada. En tercer lugar el propio Delmoral exigió la realización de una prueba de ADN para corroborar o no su presencia en la escena del crimen. A pesar de habérsele tomado las pruebas, dos años después no existe un resultado de la misma. Cuando la Fiscalía del Ministerio Público presenta la primera acusación y posteriormente una reforma de la misma acusación, se aprecia que en ninguna de las investigaciones ni en las experticias de laboratorio, técnicas o testificales, no hay evidencias que prueben la presencia física de José Manuel Delmoral en el sitio del triple homicidio. Por haber involucrado a otras personas en el crimen, el asesino convicto y confeso del hecho ha logrado una sentencia de ocho años. En otro caso de retardo procesal, el rezago del juicio mantiene a Delmoral tras las rejas. Sus familiares y amigos han abierto un blog para informar: http://casojosedelmoral.blogspot.com

(*) Coordinador del Área de Investigación de Provea
www.derechos.org.ve
investigacion@derechos.org.ve
@fanzinero

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