El Estado venezolano asumió el pasado 12 de julio 2013 la presidencia pro-tempore del bloque regional Mercosur, con lo que estará dirigiendo dicho proceso de integración durante seis meses.
El presidente Nicolás Maduro expresó que reforzará todo lo referente al ámbito social, una perspectiva que compartimos en Provea pues ciertamente deben profundizarse políticas dirigidas a la inclusión de sectores desfavorecidos.
Aunque en los últimos años se produjo avances en esa dirección, no hay duda que el proceso de integración esta esencialmente marcado por el intercambio comercial.
Profundizar en lo social debería implicar para el gobierno de Venezuela priorice también lo referente a los derechos humanos, pues no sería coherente decir que se afianzará lo social y dejar de lado la promoción y protección de los derechos de las personas.
En ese sentido el gobierno tiene varios compromisos y retos.
En el año 2005 los países del Mercosur suscribieron el Protocolo de Asunción sobre Derechos Humanos. Un conjunto de normas que establecen una estrecha relación entre democracia y derechos humanos.
El artículo 1 establece que “La plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son condiciones para la vigencia y evolución del proceso de integración entre las Partes.”
En ese Protocolo los países reafirman los principios y normas contenidas en la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos regionales de derechos humanos, así como en la Carta Democrática Interamericana”
En el año 2003, el Consejo del Mercado Común firmó la Decisión Nº 26/03, mediante la cual se aprobara el Programa de Trabajo del MERCOSUR para 2004/2006. En su ítem 2.7. (“Derechos Humanos”), se previó “profundizar el intercambio de información y la promoción y el respeto a los derechos humanos en la región”, y de “avanzar en los trabajos tendientes a la institucionalización del Grupo Ad Hoc en materia de Derechos Humanos el cual ha sido identificado como un mecanismo eficaz para el intercambio de información, experiencias y la búsqueda de consensos en los Foros en que participan los países del bloque, y asimismo, promover la evaluación y discusión sobre la conveniencia de adoptar una Carta de Derechos Humanos del MERCOSUR”.
Nótese que el bloque regional asume la Convención Americana sobre Derechos Humanos como parte de su ordenamiento jurídico.
Sin embargo, una de las últimas actuaciones en el campo internacional realizadas por el fallecido ex-presidente Hugo Chávez fue denunciar la Convención debilitando así la protección que requieren las víctimas quienes generalmente son los más pobres.
De tal manera que el gobierno asume la presidencia pro-tempore en una circunstancia muy particular.
Como el único Estado Parte que no se somete a las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Contradice por lo tanto la normativa existente en dicho proceso de integración y actúa contra el espíritu que prevalece en los gobiernos de dichos países quienes han ratificado su compromiso con las normas de derechos humanos de la mencionada Convención y con la voluntad de fortalecer el Sistema Interamericano.
Uno de los retos por lo tanto del presidente Nicolás Maduro debería ser rectificar la decisión de denunciar la Convención. Si persiste estará violando la normativa Mercosur en materia de Derechos Humanos.
Debemos recordar además que en el año 2004 los presidentes de los países del bloque regional más algunos de países que aspiraban ingresar plenamente suscribieron la Declaración Presidencial sobre Derechos Humanos.
Correspondió al ex presidente Chávez suscribirla a nombre del Estado venezolano.
En dicha Declaración, los presidentes se comprometen a dedicar esfuerzos para fortalecer tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana.
De tal manera, que si el gobierno del presidente Nicolás Maduro de verdad quiere dar impulso a los asuntos sociales y abogar por los más humildes, una medida importante es revocar el procedimiento de denuncia de la Convención.
Otro aspecto resaltante de las circunstancias en las cuales el gobierno venezolano asumió la presidencia pro tempore del Mercosur es la debilidad institucional existente en el país con unos poderes públicos nacionales absolutamente sometidos al Poder Ejecutivo lo cual le da al Presidente y su Equipo de Gobierno una amplia libertad de acción sin que existan contrapesos institucionales.
Corresponderá a las instituciones del Mercosur realizar los contrapesos necesarios para que la presidencia pro-tempore se ejerza sin desarrollar aspectos negativos de la política interna como es la discriminación por razones políticas y la falta de diálogo con la sociedad civil organizada.
Es una oportunidad para el respeto a los derechos humanos en nuestro país.
(*) Coordinador del Programa de Investigación de Provea
@fanzinero
